Tal como se comprometió en la campaña presidencial, una de las primeras medidas que se aplicarán bajo el gobierno de Gabriel Boric será la firma del Acuerdo de Escazú. Así lo aseguró Maisa Rojas, futura Ministra de Medio Ambiente, en entrevista con el programa radial Conexión Tele 13 hace algunos días.
Respecto a la temática, Rojas señaló: “La firma de Escazú lo primero que se va a hacer (…), no queda claro si dan los tiempos para entrar, pero vamos a estar en el proceso”, aseguró Maisa y luego acotó que otro de los desafíos importantes de la cartera que le tocará encabezar será la crisis hidríca: “lo más urgente es el tema del agua. La crisis hídrica es una causa muy sentida en la población y en muchos territorios porque llevamos más de 12 años con una megasequía. Tener que esperar que el agua te la lleve un camión aljibe es dramático”, sostuvo Maisa.
La historia del «Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, más conocido como Acuerdo de Escazú, comenzó a escribirse en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y el encuentro Decisión Santiago 2014. En aquellas ocasiones, se comenzó a gestar lo que más tarde se concretó en el Acuerdo de Escazú, a través de una comisión presidida por Chile y Costa Rica.
A juicio de la abogada Gabriela Burdiles, Directora de Proyectos de la ONG Fima, la importancia del Acuerdo de Escazú radica en que «consagra un verdadero sistema de garantías y obligaciones interdependientes, que aplicadas de manera integral y equilibrada, propenden al fortalecimiento de la democracia ambiental», comentó Burdiles.
En este sentido, acotó la jurista, «el principio que está detrás de todo esto, es el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, que tuvo como eje central la búsqueda del desarrollo sostenible, donde el desarrollo económico se sitúa como un objetivo que debe ser alcanzado de manera equilibrada y coherente con el cuidado ambiental y la eliminación de las desigualdades sociales», indicaba Burdiles al respecto a través de una columna publicada en el sitio de la ONG.
Así, precisó la profesional, «el Principio 10 proponía ciertas garantías a la hora de tomar decisiones y de proteger el medio ambiente: transparencia de la información publica ambiental, de los riesgos ambientales y de las decisiones; la posibilidad de opinar, de ser parte de las decisiones; y por último, de acudir a terceros independientes e imparciales si esos derechos no son respetados, si el medio ambiente está en riesgo, o si éste ha sido dañado», puntualizó la representante de la ONG Fima.
En definitiva, se estaría cumpliendo una promesa de campaña por parte del gobierno de Boric. Sólo queda esperar que se concrete.
