Al analizar la protección de los animales desde la perspectiva de una política pública, es menester destacar el trabajo que ha venido desarrollando desde mediados del año 2014 hasta ahora el entonces Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañia que, tras el arribo de Sebastián Piñera a la Moneda, pasó a llamarse Mascota Protegida respecto a posicionar y visualizar la tenencia responsable como un ente importante a tener en cuenta dentro de la llamada agenda pública. En este contexto, uno de los ejes desarrollados por la instancia gubernamental fue, precisamente, las esterilizaciones masivas en alianza con los respectivos municipios dónde el Ejecutivo proporcionaba los fondos para aquello.
En una primera lectura, podemos no encontrar mayores problemas en la realidad abordada, pero si profundizamos el análisis surgen los inconvenientes que la política estatal, acompañada de la sociedad civil, deben superar. Nos referimos a que el actuar del PTRAC si bien permitió democratizar el acceso a los servicios veterinarios, como es el caso de la atención primaria o las esterilizaciones, no trabajo en dejar las capacidades instaladas en los 345 municipios a nivel municipal, es decir, primó una política más bien asistencialista que ayudó a los municipios a suplir necesidades urgentes de las respectivas comunidades sin, a la larga, concentrarse en impactar a nivel de gestión municipal.
Todo lo anterior conllevó que hoy en día cuando se han reducido los fondos para el programa Mascota Protegida, lo cual ha generado una reducción de los recursos destinados a las esterilizaciones, muchos municipios simplemente no continuaron con los operativos de esterilización alegando falta de recursos. Una realidad que es comprensible hasta cierto punto, en el sentido de que existen múltiples formas de financiamiento a las cuales los municipios podrían optar para que así la población perruna y gatuna no siga creciendo en sus territorios.
Otro punto importante de relevar dice relación con el componente educativo, central para lograr una sociedad más empática con los animales, el cual muchas veces es delegado a la sociedad civil mediante las organizaciones de protección animal y dónde el rol del Estado es facilitar los recursos mediante el Fondo creado a partir de la Ley de Tenencia Responsable. Esto último, sin lugar a dudas, ha permitido el desarrollo de interesantes proyectos, pero continuamos con la misma lógica de siempre: una mirada asistencialista que ayuda en el momento, pero no piensa en la continuidad bajo un trabajo conjunto entre el gobierno, municipios y sociedad civil.
En definitiva, lo que esperamos es el desarrollo de una política estatal de la protección animal protagonista que busque el desarrollo de capacidades técnicas tanto a nivel de municipios cómo de la sociedad civil para así lograr un abordaje integral en la protección y cuidado de nuestros animales.
Equipo de Protección Animal EPA Chile
