La información y alerta comenzó a circular rápidamente a fines de la semana pasada por redes sociales, donde se acusaba que el Instituto de Salud Pública (ISP) estaba multando a los profesionales veterinarios y locales comerciales que venden o utilizan productos destinados a los humanos para uso veterinario. Un conflicto que generó la preocupación en el mundo de la protección animal y la comunidad veterinaria en general, por sus implicancias y por el cual se han reunido en múltiples ocasiones el Colegio Veterinario y el ISP.
En este artículo te contamos las claves del conflicto que sigue aún vigente entre ambos organismos, el cual se trata de solucionar en los encuentros entre los dos organismos antes señalados.
De acuerdo a los especialistas veterinarios, la prohibición del uso de los productos para humanos en animales podría traer, como consecuencia, aumento en los costos de las atenciones veterinarias para los dueños o rescatistas de mascotas, retrasos en las atenciones veterinarias que se necesitarán e incluso el surgimiento 
de un mercado negro donde se puedan adquirir los productos. Bajo este contexto, uno de los puntos de conflicto entre los organismos es el botiquín.
El botiquín, de acuerdo a la normativa legal vigente, es una de las exigencias para almacenar y mantener productos farmaceúticos se debe contar con un botiquín. La medida debe ser cumplida en “las clínicas, maternidades, casas de socorro, campamentos mineros, termas, postas médicas, cuarteles, navíos, cooperativas de consumo, clínicas veterinarias y otros establecimientos” y la cual, entre otras cosas, permite mantener la cadena de frío de los productos.
La obtención del botiquín es un proceso complejo, advierten los especialistas, pues se requiere una autorización sanitaria para que, en este caso, las clínicas veterinarias puedan contar con uno en sus instalaciones. “La aprobación de uso de botiquín tiene como prerrequisito la obtención de Resolución Sanitaria del establecimiento donde este botiquín es almacenado, y las clínicas veterinarias legalmente no requieren de esta resolución, lo que implica que la gran mayoría de estas no la posea”, preciso el Colegio Veterinario en un comunicado de prensa. Asimismo, señaló en el escrito que muchos profesionales ejercen de manera independiente su trabajo en terreno no requiriendo infraestructura y por lo cual no podrían contar con el botiquín dado a los problemas prácticos de trasladarlo de un lugar a otro.
Otro de los focos de conflicto es la utilización de los insumos en las atenciones veterinarias. Hay coincidencia en los planteamientos en cuanto a que hay productos creados especialmente para lo
s animales, pero la diferencias en los costos causa que se ocupen los fármacos para humanos: la amoxicilina para humanos cuesta $1000, mientras que el mismo producto destinado a los animales tiene un costo de $8000. Junto con ello, la problemática radica en que muchos de los productos ocupados no tienen una presentación veterinaria.
La comercialización de los productos es otro de los factores de conflicto entre las partes. Según la normativa legal, las droguerías, distribuidoras de productos veterinarios y comercializadoras no pueden vender productos para uso humano a aquellos que no cuenten con la autorización para contar con un botiquín. Frente a aquello, COLMEVET manifestó su rechazo a la propuesta de comprar dichos productos en farmacias, dado a que se encarecen los costos de las atenciones.
“Si bien la compra de fármacos de uso humano actualmente es posible de realizar al detalle en cadenas de farmacias, dicha aclaración no es una solución a la problemática, pues dichos establecimientos no poseen los stocks suficientes ni en los formatos adecuados, donde además los valores pueden alcanzar hasta 5 veces mayores al que puede ser obtenido en distribuidoras. Esto perjudica y encarece los tratamientos tanto a los profesionales, como a todos los ciudadanos que requieren de servicios Médico Veterinarios”, indicó el Colegio de la orden al respecto.
Las soluciones
Con el afán de tratar solucionar este conflicto, el Colegio Veterinario explicó, mediante un comunicado de prensa, que le propuso al ISP la implementación de tres medidas. Estas son:
- “Establecer un listado de productos afectos a la regulación de Botiquín, en la cual se excluya todo tipo de productos de venta libre en farmacias, así como aquellos que son obtenidos m
Reunión entre el Colegio Médico Veterinario y el ISP ediante receta simple. No existe justificación para que estos productos puedan ser obtenidos en farmacias por cualquier ciudadano, y que se les exija regulación adicional para el expendio desde distribuidoras a los profesionales que legalmente están facultados para su utilización, como son los Médicos Veterinarios.
- Implementar la medida de regulación de Botiquín luego de un proceso de divulgación de al menos 6 meses, que permita a los profesionales conocer la normativa para poder cumplir con las exigencias de esta.
- Actualizar la normativa y reglamentación, considerando las particularidades de la profesión Médico Veterinaria, y abriendo alternativas adicionales para que los profesionales independientes y que trabajan en terreno puedan alcanzar los estándares requeridos por la autoridad sanitaria”.
La explicación del ISP
El Instituto de Salud Pública explicó que toda la polémica, a su juicio, se generó a partir de la fiscalización a una droguería que no contaba con el almacenamiento adecuado de los fármacos que provocaba un riesgo evidente tanto para las personas como para los animales.
“Como Instituto de Salud Pública es nuestra obligación velar por la seguridad de los productos farmacéuticos. Fue este caso puntual, de una droguería que no contaba con las condiciones de almacenamiento de medicamentos, la que se fiscalizó y la que se sancionó. Coincidió que estos medicamentos se expendían a clínicas veterinarias, y por suerte de la salud de los animales que serían tratados con dichos medicamentos, se pudo detectar que los fármacos estaban almacenados en dudoso estado”, aseguró Pamela Milla, Directora (s) del ISP. La droguería fiscalizada fue la de Acevedo y Gonzalez y CIA. LTDA (DYKONOS Cia Ltda).
Las autoridades del ISP, precisaron, que en ningún caso se está multando a los veterinarios por el uso de productos para humanos en sus procedimientos sino se está fiscalizando por el correcto almacenamiento de los fármacos a la venta y donde, en el caso de las droguerías, es obligatorio contar con un botiquín en sus instalaciones. “Tener botiquín es requisito legal para las droguerías distribuyan a los establecimientos productos farmacéuticos, porque estos necesitan condiciones de almacenamiento, temperatura, humedad y un estándar de trazabilidad, sino pueden perder calidad y eficacia, poniendo en riesgo a los pacientes y evitando su distribución por canales informales con riesgos a la población”, preciso en un comunicado el organismo, enfatizando, además, que la tarea del ISP es resguardar las condiciones de los productos para el bienestar humano y animal.
En definitiva, un conflicto surgido por legislaciones que no se ajustan a los nuevos desafíos que enfrenta el campo de la medicina veterinaria y vacíos legales, donde no hay claridad de las reglas ha cumplir. Esos son los factores, explican sus protagonistas, desencadenantes del desencuentro.
