El próximo 1 de abril el pleno de la Cámara de Diputados votará en general el proyecto de ley que busca autorizar la caza de los mal llamados perros asilvestrados, luego que este fuese aprobado por la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, el cual hace algunos días fue discutido por los parlamentarios en la sala. Frente a este escenario, la abogada María Celeste Jiménez, presidenta de Animanaturalis Chile y especialista en derecho animal, hizo un llamado a rechazar la moción parlamentaria pues la iniciativa presenta graves deficiencias en su argumentación legal y científica.
Bajo este contexto, la especialista argumentó que la primera problemática reside en la no existencia de los perros asilvestrados, que a la larga constituye uno de los ejes de la iniciativa. “En el art 1 se propone la creación de la especie exótica invasora llamada perros asilvestrados y luego la describe tal como conocemos a los perros abandonados, sin determinar ninguna característica física que lo pueda distinguir de un huemul o un puma, o siquiera de otros perros. La incorporación de especies se hace en otros cuerpos legales y luego de análisis científicos, que en este caso no existe -ya que no hay un censo ni una descripcion de la supuesta especie.,más bien describe una conducta o una situación de perros”, argumentó Jiménez y luego acotó: “este error hace que sea peligrosamente aplicable esta ley independiente, porque autoriza a matar a cualquier animal conforme la metodología cruel de la ley de caza – con, sin fiscalización alguna-, poniendo en riego a especies de fauna protegida por su falta de precisión”, dijo la jurista.
Asimismo, María Celeste cuestiona que el proyecto presenta graves deficiencias de técnica legislativa manifestadas en no precisión de la especie invasora aducida en el escrito legislativa y su distribución geográfica lo cual podría poner en riesgo especies protegidas por el Convenio Cites; norma legal en solitario que no dialoga con otras normativas como la Ley de Tenencia Responsable 21020 y todo esto trae como consecuencia dilemas de interpretación y aplicabilidad de la ley; además de no contar con una orgánica estatal que sea las instituciones encargadas de su aplicabilidad confundiendo, incluso, funciones de los organismos actualmente vigentes en nuestro país.
Otro elemento cuestionable, dice la experta, es la justificación penal que se le quiere otorgar a las personas que procedan a cazar perros en zonas rurales, eximiéndoles del delito de maltrato animal que está tipificado como tal en el artículo 291 BIS y TER del Código Penal.
En este sentido, la representante de Animanaturalis Chile puntualizó: “esto desde el análisis penal es gravísimo y presenta un problema de aplicación de la ley penal, ya que las justificantes deben ir en el mismo Código Penal en que está el delito. Inventan una legítima defensa que atribuye en pleno campo a cometer el delito de maltrato animal en toda su extensión “acción, omisión o abandono” y con crueldad o acciones directas, lo que favorecería la total impunidad del tipo penal por falta de fiscalización y generaría una cacería fuera del espíritu del legislador que creó el delito en 1989 señalando como sus fines, el evitar que las personas alimentaran su crueldad, como forma de política criminal. Aprobar el proyecto es justificar y alimentar una barbarie, autorizar a matar, abandonar y no alimentar a sus propios animales para luego decir que los matan en legítima defensa. La norma está mal redactada y mal introducida en una ley que quedará sin vínculo con el Código Penal”, señaló la abogada Jiménez.
También otro punto por el cual el proyecto debiese ser rechazado, a juicio de María Celeste, se refiere a la idea de contratación de seguros para proteger el ganado frente a incidencias que le pudiesen pasar a los animales por algún eventual ataue de canes u otros animales. “sto es un negocio para las aseguradoras, ya que legislando se busca que el Estado sea el que pague por vía de catalogar de catástrofe lo que pudieran o no causar perros u otros animales. Detrás de esto está la creación de un negocio para las aseguradoras, exigimos que se investigue a los diputados que propusieron la incorporación de este artículo por la posible coima de parte de las aseguradoras y los ganaderos. Significa, además, que, de pagar el Estado por este seguro, se afectaría el erario fiscal y en beneficios de las empresas aseguradoras y ganaderos, y eso conlleva que la discusión debe pasar a Comisión de Hacienda”, concluyó la abogada animalista.
Y tú, ¿qué piensas de la iniciativa?.
