10 de Agosto 2020
Al pensar sobre derecho ambiental y medio ambiente durante los últimos años en nuestro país y América Latina, uno de los temas que resalta en el análisis alude al Acuerdo de Escazú: pacto latinoamericano dónde se busca preservar el acceso del público a la información, a la participación y a la justicia ambiental a nivel de cada país y continental. Un acuerdo que en su momento Chile fue uno de sus principales impulsores, sin embargo desde el año 2018 a la fecha el gobierno de Sebastián Piñera no lo ha firmado.
La historia del “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, más conocido como Acuerdo de Escazú, comenzó a escribirse en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y el encuentro Decisión Santiago 2014. En aquellas ocasiones, se comenzó a gestar lo que más tarde se concretó en el Acuerdo de Escazú, a través de una comisión presidida por Chile y Costa Rica.
A juicio de la abogada Gabriela Burdiles, Directora de Proyectos de la ONG Fima, la importancia del Acuerdo de Escazú radica en que “consagra un verdadero sistema de garantías y obligaciones interdependientes, que aplicadas de manera integral y equilibrada, propenden al fortalecimiento de la democracia ambiental”, comentó Burdiles.
En este sentido, acotó la jurista, “el principio que está detrás de todo esto, es el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, que tuvo como eje central la búsqueda del desarrollo sostenible, donde el desarrollo económico se sitúa como un objetivo que debe ser alcanzado de manera equilibrada y coherente con el cuidado ambiental y la eliminación de las desigualdades sociales”, indicaba Burdiles al respecto a través de una columna publicada en el sitio de la ONG.
Así, precisó la profesional, “el Principio 10 proponía ciertas garantías a la hora de tomar decisiones y de proteger el medio ambiente: transparencia de la información publica ambiental, de los riesgos ambientales y de las decisiones; la posibilidad de opinar, de ser parte de las decisiones; y por último, de acudir a terceros independientes e imparciales si esos derechos no son respetados, si el medio ambiente está en riesgo, o si éste ha sido dañado”, puntualizó la representante de la ONG Fima.
La no adherencia de Chile
En el contexto de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desarrollada el año 2018, 18 países latinoamericanos se sumaron al Acuerdo de Escazú. Y para sorpresa de todos, Chile no figuraba entre los firmantes.
De acuerdo a lo explicado por el Ejecutivo en la época, “esto ha sido una postergación, un tema de oportunidad. Una decisión tomada a solicitud de Cancillería mientras realizan los análisis de resolución de litigios que es un problema más importante. No queremos que se ponga en peligro la soberanía de nuestro país”, declaraba a la prensa Carolina Schmidt, Ministra de Medio Ambiente.
Ahondando en la postura de no firma, el Presidente Piñera en aquellos días, en entrevista con TVN, argumentaba: “todo lo que establece el Tratado de Escazú ya está contenido en nuestra legislación nacional, pero cuando un Presidente firma un tratado que significa ceder soberanía, tiene que pensarlo muy bien para que sea en beneficio de Chile. Nosotros tenemos observaciones que las hemos hecho fuerte y clara de que ese tratado puede significar que países o grupos puedan usar ese tratado para llevar a Chile ante cortes internacionales. Creo que los problemas del medioambiente es mejor que los discutamos en Chile, con nuestros tribunales ambientales y no es una comisión de expertos que nadie sabe cómo resuelve ni a qué intereses responden”, dijo el Mandatario.
Según diversos especialistas, la implementación del Acuerdo de Escazú en el caso de Chile no conllevaría grandes problemáticas. Lo anterior porque nuestro país “ya cuenta con un marco institucional y legal, que garantiza en diferentes niveles los tres pilares fundamentales de la democracia ambiental. Sin embargo, nuestro desafío está en la implementación real de estas garantías, en lograr que ellas se respeten, aunque a juicio de algunos, los procesos puedan parecer lentos o engorrosos, y pese a cualquier agenda pro inversión que se proponga en el país”, señaló la abogada Gabriela Burdiles en este sentido.
En definitiva, un acuerdo que ya tiene poco más de dos años y del cual Chile no se ha adherido, pese a ser su promotor. ¿Hay poco compromiso medio ambiental de parte del gobierno de Piñera u otros intereses presentes los cuales dan como resultado la no firma del Acuerdo de Escazú?, interrogante que sólo el tiempo responderá.
Conversatorio
Mañana martes 11 de agosto a las 19: 30 hrs, mediante las redes de EPA Chile, charlaremos con la abogada Gabriela Burdiles, Directora de Proyectos de la ONG Fima, en el conversatorio titulado “El Acuerdo de Escazú: su importancia medio ambiental y la no firma de Chile”.
La actividad se transmitirá tanto por EPA news (Facebook) como EPA Chile (Youtube). A la hora ya reseñada se iniciará el conversatorio de forma virtual.
