*Alberto Marín, Académico de la Facultad de Derecho UDLA Sede Viña del Mar, reflexiona a través de la siguiente columna sobre un asunto olvidado tras la Acusación Constitucional al Presidente Piñera: la trasparencia e importancia de la declaración de las áreas protegidas.
Luego de las intensas semanas vividas en el marco de la Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, pareciera que uno de los temas de fondo que quedó en el olvido es la importancia de un proceso transparente y objetivo en la declaración de Áreas Protegidas, en este caso las zonas marinas protegidas ambientalmente.
El libelo acusatorio establecía que el Presidente habría desistido de firmar el decreto declaratorio sobre la aprobación y creación de un Área Marina Protegida (AMP) en la zona de La Higuera, anunciado al término del mandato de Michelle Bachelet. Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones de Marcelo Mena y Carolina Schmidt, exministros de Medio Ambiente de ambos gobiernos, dicho proceso no estuvo exento de complicaciones, producto de las diferencias de criterios en los respectivos ministerios sobre su trazado, limitación y objeto.
La declaración de Área Marina Protegida constituye el reconocimiento legal a un espacio marino, costero, específico y delimitado, del que se busca asegurar la preservación y conservación de la biosfera marina, así como la protección del patrimonio natural, cultural y del valor paisajístico contenidos en dicha zona.
El procedimiento para declarar un Área Marina Protegida, radica en la proposición del Comité Nacional de Áreas Protegidas y del Ministerio de Medio Ambiente, el pronunciamiento previo del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el decreto que aprueba dicha declaración, estableciendo el polígono y el objeto de la biodiversidad marina que se busca proteger y un plan de administración de la zona, entre otros factores. Decisiones de protección ambiental que pueden ser más bien políticas que técnicas.
La zona de La Higuera se caracteriza por su gran biodiversidad, pero no es más que el reflejo de los diversos conflictos ambientales que nuestra legislación y política pública no logra compatibilizar en este tipo de declaraciones, en los diversos planes de ordenamiento territorial, en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, entre otros instrumentos de gestión.
La acusación constitucional quedó para los anales de la historia. Sin embargo, como sociedad debemos avanzar legislativamente en reformas a la legislación e institucionalidad ambiental, como, por ejemplo, la creación del Servicio de Biodiversidad y Aéreas Protegidas, que lleva varios años en tramitación, para que este tipo de decisiones, tan importantes para nuestro país y a nivel internacional, no queden al arbitrio o burocracia del gobierno de turno, sino que sean decisiones que se desarrollen de la forma más transparente, participativa y objetivamente posible, responsabilizándonos como sociedad toda de la herencia ambiental que dejaremos a las generaciones futuras.
