5 de junio
Durante la jornada de este martes, en dependencias del Juzgado de Garantía de Valparaíso, fue formalizada Marina González, actual presidenta de la Sociedad Protectora de Animales Carlos Puelma, bajo la figura de maltrato animal.
La formalización se generó luego de una denuncia por presuntos hechos de maltrato animal, acaecidos en el Canil de Laguna Verde, administrado por la Sociedad Protectora de Animales Carlos Puelma.
Cabe señalar que las denuncias fueron realizadas “en febrero de 2018 ante la justicia por algunos de los exvoluntarios, socios y colaboradores del mencionado Canil, esto tras las continuas negativas de la presidenta y directiva de la organización ante las necesidades de generar mejoras en las condiciones de vida de los animales bajo el cuidado de la institución; principalmente en la necesidad de contar con un veterinario permanente para las mascotas que allí viven, así como también de las necesarias mejoras en la infraestructura de caniles para los inviernos y la necesidad de una gatera adecuada a las condiciones de los felinos”, indicaron los denunciantes a través de una declaración pública.
Según los denunciantes, “todos estos pedidos de mejoras para los animales hechas por socios, voluntarios y colaboradores del refugio, tenían por trasfondo el que la institución había recibido en herencia en agosto de 2016 la suma de $770.000 dólares ($ 511.218.400 millones de pesos promedio al cambio de 2016) dejados en legado testamentario para la SPAV por doña Marta Escudero Escobar, la fallecida exdueña del Hotel San Martín de Viña del Mar; ante esto nos parecía insólito que los animales del Canil seguían sin mejoras en sus condiciones médicas, de alimentos e infraestructura luego de más de un año desde la llegada de la mencionada herencia en su favor”, acotaron los acusadores de González en el escrito.
Es importante comentar que una formalización “es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado, en presencia del Juez de Garantía, de que desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados. Su comunicación produce una serie de efectos procesales entre los que destacan que da inicio al plazo de investigación, suspende el curso de la prescripción y el Ministerio Publico pierde la facultad de archivar provisionalmente la investigación”, explica el Ministerio Público en su página web respecto al proceso judicial acaecido este martes.
La persona no ha sido condenada por los delitos que se le imputan, en este caso maltrato animal que están tipificados en el artículo 291 BIS y TER del Código Penal, sino se le comunica el desarrollo de una investigación en su contra.
