10 de Junio 2019
Hace algunos días, en la comuna de Isla de Maipo, un loro choroy fue incautado por personal del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), a causa de que es una especie protegida. El animal fue bautizado como Florencia y su familia pide su devolución, argumentando que el animal se deprimirá estando alejado de ellos.
La historia fue dada a conocer a través de un reportaje exhibido a través de CHV Noticias, donde Elba Ahumada, humana del ave, precisó que en su familia están devastados con el actuar de las autoridades.
“Yo le enseñé a poder desenvolverse, le dejé crecer sus alas, se le compuso su piquito que estaba roto y ella aprendió a salir, entrar, iba y venía a la casa, después a un pino. Florencia iba y venía donde los vecinos… aquí todos la conocen”, dijo la mujer en declaraciones a CHV Noticias.
Precisamente en el transitar por el barrio, unos policías de civil que estaban en otro procedimiento la vieron y dieron cuenta del hecho a las autoridades correspondientes, iniciándose así el operativo que culminó con la incautación del ave.
¿Qué corresponde hacer?
Tras la difusión de la historia del animal incautado, se generó un amplio debate en cuanto a ¿qué corresponde hacer en este caso, desde la perspectiva de las autoridades?.
En ese sentido, a juicio de la abogada María Celeste Jiménez, especialista en derecho animal y presidenta de Animal Naturalis, “la incautación en principio es legal, pero la tenencia del loro debe ser acreditada por las personas que lo tienen y además el SAG lo puede dejar con ello a modo de comodato, mientras ellos lo tienen bajo su cuidado. ¿Cuál es el sentido de esto?, en la ley no existe la prohibición de que alguien tenga un animal que es una especie protegida, si que se pueda regular que lo tenga en su poder”, indicó la experta en cuanto al procedimiento llevado a cabo.
Lo anterior, acotó Jiménez, se encuentra reflejado en el artículo 22 de la Ley de Caza que indica:
“Todo tenedor de animales, vivos o muertos, pertenecientes a
especies en peligro de extinción, vulnerables, raras o escasamente conocidas y protegidas deberá acreditar su legítima procedencia o su obtención en conformidad con esta ley, a requerimiento de autoridad competente.Del mismo modo se deberá acreditar la procedencia u obtención de animales exóticos pertenecientes a especies o subespecies listadas en los Apéndices I y II (o III) de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestres (CITES), promulgada por decreto ley Nº 873, de 1975, publicado en el Diario Oficial de 28 de enero del mismo año, y de animales incluidos en los Anexos I y II del Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de la Fauna Salvaje, promulgado por decreto supremo Nº 868, de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 12 de diciembre del mismo año, en conformidad a las disposiciones de los referidos instrumentos”, (Artículo 22, Ley de Caza).
La problemática que hay en Chile, según Jiménez, dice relación con que, si bien Chile se comprometió a construir un centro de rescate de grandes mamíferos al firmar la Convención CITES en la década de los 70, esto todavía no se ha concretado y lo cual conlleva que “en Chile no existe realmente la posibilidad de tener guardado en un lugar publico un animal grande y la verdad es que ni siquiera los animales más pequeños, como el loro choroy. Entonces, estos animales son derivados a zoológicos o centros de conservación”, dijo la representante de Animanaturalis Chile.
Cuando esto último ocurre, la vida de los animales, comenta la experta, “se ve afectada, en especial sus vínculos, ya sea con animales o humanos, pues tienen una existencia irregular dado a que no viven en el hábitat de ellos. Lo bueno es que esta gente lo tenía en buenas condiciones”, precisó Jiménez.
Asimismo, otro factor que se debe tener en cuenta frente al decomiso de aves como Florencia, es el bienestar de los animales, principio que está presente en las distintas normativas de índole legal, y respecto del cual debería primar por sobre cualquier otra normativa legal, explica María Celeste Jiménez.
“Los etologos pueden determinar que un animal, al ser decomisado, puede verse afectado hasta el auto flagelo, como sacarse las plumas e incluso morderse. Hay distintas formas en que los animales expresan que están sufriendo, esto efectivamente puede ocurrir con el animal y vamos a tener un resultado más dañino que la incautación, la cual parece ser legal, pero no es lo que más beneficia al animal y si queremos que viva esa no es la forma (separarlo de su familia) para que viva”, comentó la abogada Jiménez.
La opinión de CODEFF
Por su parte, desde el Comité Nacional pro Defensa de la Fauna y Flora (Codeff) si bien entienden el vínculo generado entre el animal y el ave, “debemos aclarar que su sola presencia en su hogar es un delito contemplado en la Ley 4.601, denominada Ley de Caza”, indicó la organización a través de un comunicado de prensa.
Asimismo, comentaron que “el mejor lugar para que un animal silvestre viva es en su ambiente natural, no en una vivienda donde adquiere conductas no naturales transmitidas por el ser humano, donde su alimentación no es la adecuada y está lejos de su bandada”, acotó en el escrito CODEFF.
Respecto a la posibilidad de que el animal fallezca, producto del alejamiento de su familia, es puesto en duda por CODEFF.
“La entrega al SAG es solo el inicio de un proceso que demora aproximadamente al menos 5 años, ya que los loros son animales gregarios que funcionan en bandadas para su supervivencia y socialización, adquiriendo cada uno de sus integrantes roles que convierten a cada grupo de aves en una sociedad estructurada”, dijeron en el comunicado.
También CODEFF indicó que desde 1992 han recibido 1697 loros, de los cuales un 77% corresponde a la especie de loros choroy, de los cuales el proceso de re inserción en en el hábitat natural ha sido exitoso.
“Durante estos 27 años no ha disminuido el número de ejemplares que anualmente llegan a nuestro Centro de Rehabilitación y todos ellos han llegado por tenencia ilegal, siendo la región Metropolitana la con mayor índice de procedencia. Una situación que nos preocupa y ocupa, por lo cual nos encontramos realizando una investigación para poder ver la realidad del tráfico de loros choroy, tricahues y cachañas en nuestro país”, señaló CODEFF en este sentido.
Y tú, ¿qué piensas?.
Foto: Imagen referencial.
