Diputado Castro oficia a todos los Municipios del país para saber sobre recursos asignados para la promoción de la tenencia responsable

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En el contexto de la discusión del presupuesto nacional 2023, el veterinario y actual diputado por la Región de Antofagasta José Miguel Castro (RN) anunció que ofició a los 346 municipios del país con el fin de consultarles en torno a los recursos asignados a sus reparticiones para el cuidado animal. El fin, según se informó, es hacer un catastro de lo anterior sabiendo no sólo los montos sino también la ejecución presupuestaria de los mismos, además de las acciones concretas que se ha efectuado respecto a nuestros compañeros peludos.

Bajo este contexto, Castro señaló que para lograr un trabajo potente en torno a los animales es necesario lograr una coordinación entre todos los actores involucrados. “Este es un gran trabajo conjunto, no sacamos nada con presentar cientos de iniciativas y enviar oficios a todas las entidades si no estamos coordinados desde la sociedad en su conjunto, no deben haber perros ni gatos sueltos, el maltrato se debe denunciar sin dudar, deben haber recursos para que las policías acudan y lugares donde atender y amparar a los animales de la calle y en especial los maltratados, asimismo se deben potenciar las castraciones y realizar campañas publicitarias para adoptar más y comprar menos seres vivos, la población tiene que tomar conciencia sobre el maltrato”, precisó el parlamentario.

También hizo un llamado a mejorar la actual Ley de Tenencia Responsable, identificando a la figura del perro comunitario como un elemento problemático de la norma. “No sacamos nada con incentivar a la comunidad a denunciar y que PDI o Carabineros acuda a atender esos casos, si luego tenemos perros sueltos en la calle sin que nadie los proteja -refiriéndose a los perros comunitarios que son de todos y de nadie, los que al final se convierten en un peligro para la sociedad y a su vez son tremendamente vulnerables, esto hay que corregirlo”, acotó Castro.

En definitiva, a la luz de los antecedentes podemos afirmar que existe un concenso mayoritario de desarrollar un sistema legal cuyo fin sea entregar una protección robusta a los animales. Sin embargo, el desafío radica en articular las voluntades políticas y sociales para lograrlo.