Hace algunos días el Tribunal Constitucional, según se informó, declaró inadmisible el requirimiento de la defensa de Claudio Parra, condenado a causa del delito de maltrato animal reiterado por tener a más de 80 animales viviendo bajo paupérrimas condiciones en un criadero clandestino de Providencia, que buscaba la inaplicabilidad de la inhabilidad absoluta perpetúa de animales como pena accesoria a la pena establecida al sujeto por parte del Tribunal.
La defensa de Parra argumentaba, según explicó la Fundación Abogados por los Animales APLA que fueron querellantes en la causa conjuntamente con la Fundación Arca, que la inhabilidad constituía una afrenta a su honra y dignidad como persona; sería cruel, inhumana y degradante; renuncia a los fines de rehabilitación y reinserción de las penas; e infringiría el principio de proporcionalidad de las penas; sin hacer mención sin embargo a cómo se configuraría una contradicción con los derechos establecidos en la Constitución, por lo que el alto Tribunal resolvió que el requerimiento adolece de falta de fundamento plausible”, manifestó APLA.
Es importante comentar que el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condeno a Parra a 4 años de presidio -que los debía cumplir bajo un régimen de libertad vigilada intensiva-, además de la inhabilitación perpetua para sus derechos politicos, postular a cargos de elección popular y oficios publicos durante el tiempo de la condena. También se decretó la inhabilidad absoluta perpetua para tener animales y una multa de 30 UTM, que será pagada en 10 cuotas, asimismo el decomiso de los animales incautados desde el criadero clandestino y los cuales actualmente están bajo el cuidado de diversas organizaciones por los animales como es el caso de las fundaciones Dónde La Mery, Alma de Gato y Unión de Amigos de los Animales.
Tras la decisión del Tribunal Constitucional,será la Corte de Apelaciones que confirme o revoque la sentencia contra Claudio Parra, quién falleció recientemente a causa de covid. De esta manera, el sujeto cumplió sólo un par de meses las medidas cautelares impuestas por la justicia.
