Tristeza, decepción y frustración son algunos de los sentimientos presentes en el mundo animalista tras el reciente dictamen de la Contraloría Regional de Valparaíso que justificó la eutanasia aplicada a Garibaldi, un perro encontrado en las calles de La Calera que fue eutanasiado por el municipio local luego de verse envuelto en una pelea con otros canes del sector aduciendo un supuesto mal estado del animal. El requerimiento fue presentado por las organizaciones Huellas en el Corazón de La Calera y Fundación Gestión Ética para la Dignidad Animal GEDA Chile, tras los hechos acaecidos el mes de agosto 2022.
De acuerdo al ente público, “si bien por regla general, es la autoridad sanitaria la facultada para retirar y eliminar a los perros vagos o comunitarios, lo que sólo procede cuando se está en presencia de un caso de rabia o de un eventual brote de esa enfermedad, de manera excepcional y con el único objeto de evitarles sufrimientos innecesarios a dichos animales, las municipalidades pueden aplicar la eutanasia a su respecto, si tal medida resulta indispensable en consideración a las condiciones de salud en que los mismos se encuentren (aplica dictamen N° 885, de 2019)”, precisó la Contraloría y luego añadio: “en el entendido que la medida que se cuestiona fue adoptada con la finalidad de evitarle sufrimientos innecesarios al animal de que se trata, en atención al crítico estado de salud en que se habría encontrado, no se advierten irregularidades en la actuación del municipio, debiendo desestimarse las reclamaciones de la especie (aplica dictamen N° 884, de 2019)”, estableció la entidad.
Bajo este contexto, las organizaciones animalistas comentaron: “si bien entendemos que ambos profesionales involucrados fueron desvinculados de medio ambiente municipal, se esperaba una resolución más contundente de parte de la entidad contralora: pedíamos que se declarara la eutanasia como “ilegal, arbitraria y poco ética”. Sin embargo, eso no habría ocurrido para la Contraloría, y todo el procedimiento fue ajustado a la norma de acuerdo a lo resuelto”, indicaron las agrupaciones y acotaron: “nos preocupa la falta de consideración que se ha dado a las opiniones del veterinario externo, que señalaba que la medida tomada no fue la más adecuada para el bienestar del animal, y solo se haya considerado el informe del municipio. Esta resolución refleja una falta de sensibilidad hacia los derechos y necesidades de los animales, y demuestra una falta de compromiso por parte del ente fiscalizador en materia de bienestar animal”, reafirmaron GEDA y Huellas en el Corazón.
Pese a que el dictamen de la Contraloría no fue lo que se esperaba, las organizaciones señalan que no descansarán para así día a día ir pudiendo garantizar que los animales sean tratados con el respeto y cuidado que merecen. “Esperamos que las autoridades competentes tomen medidas efectivas para asegurar que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir en el futuro”, concluyeron las organizaciones de la sociedad civil.
