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Vecinos y municipio de Puchuncaví denuncian nuevos escurrimientos desde faena de Minera Montecarmelo y alertan posible riesgo para el humedal Los Maitenes-Campiche

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Vecinos y la Municipalidad de Puchuncaví ingresaron antecedentes formales ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) tras detectar la presencia de espumas y materiales y sedimentos que, según denuncian, provendrían del sector de las  faenas de Minera Montecarmelo luego de las recientes lluvias.

El hecho reactiva un conflicto ambiental de larga data sin solución efectiva: pese a la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Ambiental en 2019, las propuestas de reparación presentadas por la empresa para hacerse cargo del daño ambiental entonces constatado, fue rechazado por la SMA en 2022.

Manuel Vega Puelles, agricultor y habitante de la localidad de Los Maitenes, presentó ante la SMA una nueva denuncia en contra de Minera Montecarmelo, tras registrarse escurrimientos y arrastre de sedimentos y otros materiales desde el sector de sus instalaciones durante las últimas lluvias.

La denuncia detalló que, a raíz de las precipitaciones y escorrentías ocurridas entre el 16 y el 21 de julio, se produjo el movimiento de materiales desde las instalaciones del proyecto «Procesamiento de Sales Metálicas», faena que actualmente se encuentra en etapa de cierre y cuyo Plan de Cierre definitivo fue aprobado por Sernageomin en enero de 2025. Dicho procedimiento es distinto de la obligación de reparación ambiental impuesta judicialmente por los daños ocasionados en 2016, pero sujeto, en todo caso, a compromisos de estabilidad física y control ambiental.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la problemática con la faena minera arrastra un prolongado historial de incumplimientos ambientales y omisiones regulatorias en el sector. El 14 de mayo de 2019, el Segundo Tribunal Ambiental había ordenado a Minera Montecarmelo ejecutar un plan de reparación de la quebrada y de las zonas afectadas de sus predios. Sin embargo, la propuesta de reparación fue finalmente rechazada el 18 de enero de 2022 mediante la Resolución Exenta N° 70.

Cabe señalar que los hechos de 2016, ocurridos también con ocasión de intensas precipitaciones, fueron documentados en su oportunidad por diversos medios de comunicación, entre ellos TVN.

“Llevamos años exigiendo soluciones definitivas y viendo cómo los procesos quedan en nada mientras los problemas siguen ahí. Cada vez que llueve fuerte enfrentamos el mismo temor por la contaminación de nuestros suelos, los cursos de agua y el humedal. Necesitamos que la autoridad fiscalice de verdad y que se exijan responsabilidades reales, porque la faena sigue en abandono y sin cumplir con las medidas comprometidas”, manifestó Manuel Vega Puelles, afectado y denunciante del caso.

A más de siete años del fallo judicial, los vecinos sostienen que continúa pendiente una solución efectiva respecto del daño ambiental reconocido por el Tribunal, que se han generado nuevos daños ambientales sobre áreas de valor ambiental, manteniendo a la comunidad y a los terrenos agrícolas expuestos a nuevos episodios de escurrimiento durante eventos de precipitaciones.

La Municipalidad de Puchuncaví, a través de un oficio enviado por el alcalde Marcos Morales a la SMA, exigió una fiscalización ambiental urgente. De acuerdo con el informe municipal, tras una inspección técnica realizada el 22 de julio en el sector de la quebrada adyacente a las faenas mineras, se constató la presencia de escurrimientos y acumulaciones de espuma densa a lo largo del cauce.

La autoridad comunal advirtió que dicha quebrada constituye una vía natural de drenaje con conectividad hidráulica directa hacia el Humedal Los Maitenes-Campiche, ecosistema de alto valor de conservación que podría verse comprometido en caso de que los materiales arrastrados alcancen dicho cuerpo de agua.

Los antecedentes aportados por los vecinos a la SMA y al municipio incluyen registros en video y fotografías que dan cuenta de materiales con coloraciones atípicas, sedimentos y presencia de espumas en los cauces naturales. La comunidad exige una evaluación técnica inmediata sobre la composición de los materiales arrastrados y que se determine su origen, sus eventuales efectos ambientales y las responsabilidades que correspondan.