CODEFF, en conjunto a otras siete organizaciones ambientales representadas legalmente por ONG FIMA, presentaron un recurso de protección en favor de los habitantes afectados por la contaminación de la zona, debido a que la inacción gubernamental vulnera los derechos constitucionales sobre la conservación del Medio Ambiente, la Igualdad ante la ley de los residentes en el lugar y la apropiación de un bien nacional de uso público como el aire por parte de las empresas contaminantes que se encuentran establecidas en el sector.
En el escrito judicial presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, se realiza un detallado recuento de la serie de eventos e irregularidades que se han sucedido en la zona producto de la inacción del Presidente de la República, el ministerio de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, al omitir la dictación de planes y normas que previnieran estos hechos y la no realización de fiscalizaciones adecuadas respecto de la zona de las comunas de Puchuncaví y Quintero.
Para Ximena Salinas, Presidenta de CODEFF, la situación medio ambiental en la zona de Quinteros Puchuncaví ha llegado a un nivel insostenible para la salud humana y se hace necesario que sean los otros poderes del Estado quienes mandaten al ejecutivo a que actúe con todas las herramientas que tenga a su disposición para resguardar la vida de los habitantes de estas comunas en un primer término, y a su vez se consideren medidas reparatorias a los graves impactos que hace más de 50 años se suscitan en la biodiversidad marina y terrestre de la zona.
Una opinión en la misma línea es señalada por Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA, “el Estado ha eludido su responsabilidad preventiva y en la regulación de la actividad industrial de la zona y en el resguardo de la salud y los derechos de la población por más de 20 años. Existiendo las herramientas en la normativa y la evidente necesidad de usarlas, no las ha aplicado Con este recurso buscamos que de una vez por toda se dicten las normas necesarias. Pero además que la Administración del Estado se haga cargo, que se cree un organismo especial para seguir las acciones de mediano plazo de descontaminación y que sea la Corte la que vele porque cualquier compromiso que se adquiera con las comunidades por parte del Gobierno, sea efectivamente cumplido”.
Técnicamente el escrito se basa en que las vulneraciones por el daño al medio ambiente y salud de las personas se mantiene en el tiempo, más allá de los eventos que han significado las crisis del último mes, haciendo énfasis en que el deber del Estado es velar por que el artículo 19 Nº8 de la Constitución, que hace referencia a que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Asimismo, las organizaciones señalan que se ha vulnerado la igualdad ante la ley y la prohibición constitucional de otorgar propiedad sobre bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas, donde el uso abusivo del aire por parte de las industrias de la zona es una consecuencia directa de la omisión del Estado en cumplir con sus obligaciones legales.
En este sentido, en el recurso se indican múltiples ilegalidades cometidas por el Ministerio de Medio Ambiente, entre las que destaca la excesiva dilación del Plan de Prevención y Descontaminación de la zona, el cual comenzó su revisión el año 2011 a consecuencia de la intoxicación sufrida por alumnos de la Escuela La Greda y fue presentado a Contraloría recién el 2017. Además, señalan que dicho plan es insuficiente frente a contaminantes altamente perniciosos.
Otro punto que abarca el escrito, es la omisión por parte del sistema de evaluación ambiental (SEA) en su labor de actualizar las Resoluciones de Calificación Ambiental de los proyectos ubicados en la zona ni el cumplimiento de normas de emisión y calidad, como tampoco la elaboración de éstas, de manera de prevenir las consecuencias que trae la falta de estas labores en la población y en el medio ambiente.
Finalmente se solicita a la Corte que ordene la realización de las acciones de actualización de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), la dictación de normas de calidad para diversos contaminantes y la creación de una oficina especial que se dedique a la descontaminación de la zona, debidamente financiada por el Estado para llevar a cabo las soluciones necesarias. Las organizaciones pretenden que además el cumplimiento de las acciones de descontaminación sea seguido por una mesa constituida por todas las partes, pero donde sea el Poder Judicial el que vele porque efectivamente se lleven a cabo las acciones de descontaminación.
Este recurso se suma a los interpuestos por las comunidades de la zona y organismos de derechos humanos, abordando los puntos desde otra perspectiva para dar soluciones de mediano y largo plazo a la crisis.
De esta forma, las organizaciones demandantes hacen un claro emplazamiento al Estado de Chile por el incumplimiento de las obligaciones, entre las que también se cuenta el deber del Ministerio de Medio Ambiente de contar con información necesaria para la dictación de normas, lo cual no ha ocurrido en las crisis del último mes.
La acción, fue interpuesta por FIMA, Ecosistemas, Instituto de Ecología Política (IEP), OCEANA, Fundación Terram, Greenpeace, Chile Sustentable y CODEFF.
