Durante la jornada de este jueves, el Juzgado de Garantía decretó la prisión preventiva contra Susana Padilla, encargada del Refugio Almas en el Camino de Curicó, tras encontrarse en el lugar más de 200 animales viviendo bajo paupérrimas condiciones. Es importante consignar que el espacio funcionaba en la ex escuela Villa Hermosa de la tradicional ciudad de la Región del Maule.
En la audiencia, el tribunal le comunicó a la imputada que enfrentaba un total de 70 cargos por el delito de maltrato animal siendo los perros y gatos las especies afectadas. Un caso que comenzó a escribirse tras el desalojo decretado por la justicia del lugar, luego de una solicitud de la Municipalidad de Curicó, donde desde el 2020 funcionaba el refugio que estaba a cargo de Padilla: ese año la acusada fue trasladada desde su casa en la población Puente Alto al ex recinto educacional, luego de una serie de denuncias por malos olores y ruidos molestos de los canes además de acusaciones de los vecinos en cuanto a acciones de violencia de Susana hacia su entorno.
Bajo este contexto, Maite Mendiburu, fiscal del Ministerio Público, señaló que: “los funcionarios lograron apreciar que existían jaulas donde los animales se encontraban encerrados, sin alimento e incluso uno de ellos aproxidamente de un año se encontraba sin vida con lesiones en sus genitales”, indicó la persecutora, agregando que por esto último se está investigando además un posible caso de abuso sexual a los peludos.
Asimismo, acotó Maite, “se estableció que aproximadamente un 70% de los animales que se encontraba en el lugar mantenían sarna y un 90% presenta desnutrición. Y la totalidad tiene pulgas”, indicó la fiscal.
Por su parte, Víctor Bahamondes, abogado defensor de Padilla, indicó que “así como ha sido investigada Susana, se solicita que el tribunal ordene investigar al Municipio de Curicó sobre las irregularidades referente al cuidado de animales”, señaló el jurista, esto considerando que el gobierno comunal trasladó a la acusada a la Ex Escuela de Villa Hermosa.
Cabe señalar que si bien el juez estableció la medida cautelar de arresto domiciliario total como primera instancia y no la prisión preventiva, finalmente se aplicó esta última ante la imposibilidad de la imputada de acreditar domicilio ante el tribunal. Asimismo, se estableció que la investigación tendrá un plazo de 120 días y la acusada podrá recuperar su libertad si paga un total de $300.000 a beneficio fiscal quedando, en ese escenario, con arraigo nacional, prohibición de acercarse al ex recinto educacional y firma semanal ante Carabineros.
