15 de Enero 2020
Hoy en día una de las problemáticas que afrontamos como país es la escasez hídrica y ante lo cual surge el desafío de desarrollar políticas públicas que ayuden a solucionar la problemática reseñada. Una temática que ha sido trabajada por diversas autoridades y representantes de la sociedad civil.
Bajo este contexto, la senadora Isabel Allende, miembro de la comisión de Medio Ambiente del Senado, en entrevista con epanews.cl, da cuenta de las problemáticas y los caminos que se deben seguir frente al escenario de escasez de agua que estamos viviendo en nuestro país.
-Haciendo un balance de la escasez hídrica en nuestro país, a su juicio ¿cuáles fueron los factores que provocaron dicha situación?
“Existen dos factores principales: el cambio climático y la mala gestión del recurso.
Recordemos que el cambio climático afecta a los más pobres, y Chile, según la OCDE, es especialmente vulnerable a los impactos del cambio climático, debido a su geografía y a sus características socioeconómicas, en particular el alto nivel de desigualdad. Sin embargo, connotados centros de pensamientos e instituciones internacionales, como la Fundación Chile, la OCDE y el Banco Mundial, denuncian que la mala gestión del recurso hídrico es uno de los principales factores que nos tiene en esta escasez, independiente del cambio climático.
Por lo tanto, no solo se trata de la escasez producto de la emergencia climática, sino que más bien el problema está en un modelo injusto, en que el agua ha sido entregada de forma gratuita a los privados y a perpetuidad.
El mercado por sí solo no es un buen sistema de gestión para un bien esencial para la vida, porque optimiza en favor del poder de adquisición y no en favor de otros usos vitales del agua, los cuales ni siquiera están priorizados en nuestra legislación vigente. Una vez promulgado el Código de Aguas -en plena dictadura-, la escasa información en los respectivos territorios sobre los mecanismos para obtener los derechos de aprovechamiento de agua, permitió que en menos de una década los grandes grupos económicos dueños del sector eléctrico, minero y agrícola exportador concentraran la propiedad de los derechos de aprovechamiento del agua, en perjuicio del acceso a este bien para los habitantes rurales.
Las organizaciones de usuarios del agua, como las juntas de vigilancia y las asociaciones de canalistas, no son organizaciones democráticas: son plutocráticas, ya que las decisiones se toman en función de quién tiene más derechos de aprovechamiento de agua (DAA).
Debido a la alta concentración en la propiedad de los derechos de agua y su escasez incremental, los precios suben, la especulación aumenta y los derechos de aprovechamiento de agua se hacen inalcanzables para los habitantes rurales, que no pueden competir frente a sectores altamente rentables como el minero o agrícola”.
-Considerando el accionar de las autoridades, ¿cómo evalúa su actuar y el desarrollo de las políticas públicas implementadas durante la última década, relacionado con el cuidado del agua?
“Durante estos años, desde la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, hemos despachado varios proyectos de ley que dicen relación con la temática: la ley que aumenta las facultades de fiscalización y sanción de la DGA; la ley que garantiza el carácter público del agua desalada; la ley marco de aguas grises; así como una reforma constitucional sobre el derecho humano al agua. Todo esto, además de la Reforma al Código de Aguas. La semana pasada acabamos de ingresar un proyecto de ley sobre eficiencia hídrica que comenzaremos a tramitar.
Por lo tanto, desde la Comisión de Recursos Hídricos del Senado hemos hecho un buen trabajo que esperamos profundizar. Lo que se necesita es actuar con urgencia y velocidad ante la crisis climática y ecológica que vivimos”.
-Recientemente el Senado, en una medida ampliamente criticada, rechazó el proyecto que buscaba consagrar el agua como bien de uso público. ¿Cuál es la autocrítica que hace al respecto, siendo parte del Senado?
“La Comisión de Recursos Hídricos del Senado despachó ese proyecto de ley hace años y lamentablemente se entrampó en la Comisión de Constitución.
La oposición votó en bloque a favor del proyecto de ley, por lo cual la autocrítica le corresponde al sector de la derecha, en que varios senadores tuvieron que inhabilitarse por conflictos de interés y muchos otros votaron en contra, argumentando que la reforma sería expropiatoria o que colocar temporalidad a los derechos de agua era lesivo para la economía. Por ello, ingresaremos esta semana una nueva reforma constitucional enfocada exclusivamente en el derecho humano al agua.
Hoy en Chile el agua es privada, a pesar de que la ley dice que es un bien nacional de uso público y que supuestamente le pertenece a la nación toda. En efecto, la Constitución en el inciso final del Art. 19 N° 24 consagra la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento de las aguas, colocando un “candado” a la regulación que hay sobre ellas e impidiendo mayor tutela del Estado para entregarle agua a la gente, a través de prioridades de uso o restringiendo derechos de privados. Es por esto que en una nueva perspectiva constitucional se debería eliminar o modificar este inciso”.
-Y finalmente, ¿cuáles son los pasos que faltan por desarrollar, pensando en el escenario de escasez hídrica que estamos viviendo?
“Ante la campaña del gobierno que vuelve a poner el foco en los consumidores domiciliarios para que éstos ahorren agua, reiteraremos desde el Senado la responsabilidad que le compete a las empresas en hacer un uso racional del agua, y por ello hemos presentado esta semana un proyecto de ley sobre eficiencia hídrica, cuya discusión comenzaremos ahora.
El proyecto coloca en el centro de la discusión los esfuerzos que los propietarios de derechos de agua deben hacer para conservar este recurso.
Los derechos son sólo derechos si son para todos. De otra forma, son privilegios. Hoy, el modelo chileno está en una evidente crisis social y ambiental justamente porque la desigualdad genera privilegios injustos e inaceptables hasta en el agua.
Los líderes políticos deben estar a la altura de lo que sucede en el país y reconciliarse con la idea de que el Estado debe proteger especialmente a los más débiles: A aquellos crianceros que deben elegir entre dejar morir a sus animales o dejarlos libres a su suerte; o a aquellas familias que deben migrar por falta de agua.
Llevamos más de ocho años esperando una Reforma al Código de Aguas que puede no surtir efecto por el “candado” constitucional que existe sobre las aguas y mientras tanto, el desierto avanza, la biodiversidad disminuye y los pobres se vuelven más pobres. Es por eso que debemos poner énfasis sobre la función social de la propiedad de las aguas, lo antes posible, para hacer frente a la sequía ante un nuevo horizonte constituyente”.
Producción: Bernardita Cancino y Osvaldo Durán C.
