En una jugada de último minuto, antes de que el proyecto sea promulgado como ley, la Asociación de Industriales del Plástico (Asipla) ingresó al Tribunal Constitucional (TC) un escrito que busca frenar que la iniciativa que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en el comercio se transforme en ley en los términos en que fue aprobada por el Congreso.
El proyecto, que es impulsado por el Gobierno, en mayo fue aprobado en el Senado y en la Cámara de Diputados, y por estos días enfrenta en el TC un control preventivo de constitucionalidad, que es su último trámite antes de que promulgue y se publique como norma legal en el Diario Oficial.
En esta ofensiva Asipla reclutó a un equipo de abogados constitucionalistas de fuste, liderados por Gastón Gómez, José Francisco García y Francisco Cañas, todos del estudio Gómez, Pallavicini & García Abogados. Gómez en 2016 alegó ante el TC en el requerimiento de Chile Vamos que terminó derribando el corazón de la Reforma Laboral. El jurista también redactó el escrito que presentó la Cámara Nacional de Comercio (CNC) contra la reforma al Sernac, que fue clave en la objeción que finalmente realizó el Tribunal a las facultades sancionatoria y normativa del proyecto. Esa última fórmula es la que ahora busca reeditar con éxito Asipla.
Así, este sería el tercer proyecto emblemático económico que sufre objeciones relevantes en el TC en los últimos dos años.
En el texto denominado “téngase presente” los industriales del plástico advierten en primer lugar al Tribunal que la indicación sustitutiva que ingresó el Ejecutivo a inicios de mayo y que reemplazó la totalidad de la moción original parlamentaria, cambió la idea matriz del proyecto previo, lo cual, a juicio del gremio, vulneraría el artículo 69, inciso 1, de la Constitución, que limita la presentación de indicaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales de un proyecto de ley.
También Asipla advierte que el texto legislativo en su artículo 3° consagra “una prohibición absoluta, total, permanente, arbitraria, selectiva, y desproporcionada, que tiene un impacto directo en el ejercicio del derecho a desarrollar una actividad económica lícita de mis representadas”.
Añade que, además de infringir los derechos a la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria, tanto genérica como específica en materia económica, la iniciativa crea un régimen de prohibición total que en caso de ser ratificado por el Tribunal implicaría reconocer al legislador “una competencia ilimitada para prohibir de manera absoluta, total, permanente, arbitraria, selectiva y desproporcionada cualquier actividad económica lícita a su sólo capricho”.
Recuerdan que según una encuesta de Adimark del año 2014, el 94% de las personas dice usar la bolsa de supermercado como bolsa de basura. Por lo mismo, advierte Asipla, “su eliminación generará un problema en la disposición final de residuos de los hogares -principalmente los de menores recursos-, con la consecuente proliferación de microbasurales que pueden generarse por falta de contenedores que encapsulen los residuos”.
Alertan además que la prohibición de bolsas trae consigo un grave impacto económico. Según estimaciones del gremio, esta medida afectaría a más de 2.500 familias, por la pérdida de empleos que conllevará el término de este subsector de la industria plástica”, dicen.
“Hicieron un fuerte lobby en el Congreso”
La ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, reaccionó con dureza al escrito. “No nos sorprende la acción de Asipla ya que durante todos los años que se intentó legislar sobre esta materia, hicieron un fuerte lobby en el Congreso y no obtuvieron ni un solo voto a favor de su posición”, dijo la secretaria de Estado. Añadió que “el 95% está a favor de la medida y la han empujado todas las bancadas parlamentarias, más de 90 comunas, ONGs, el gobierno anterior y el del Presidente Piñera. Y lo han hecho porque hay evidencia del daño que las bolsas plásticas provocan al ecosistema”, concluyó la Ministra.
Fuente:emol.com
