Un embargo del Departamento de Hacienda a un agrocentro en Carolina implicó, días después, la muerte de una veintena de animales que no fueron atendidos mientras las instalaciones permanecían cerradas.
Por un lado, la dueña del agrocentro, Ruth Monge, denunció que Hacienda limitó por tres días el acceso del personal de la tienda que iba a atender a los animales. Hacienda, sin embargo, negó esto y afirmó que siempre permitieron el acceso del personal al negocio para que los cuidaran.
“Solo juzgando por los resultados de la situación (la muerte de los animales) se puede pensar que al menos hubo negligencia manejando el caso”, comentó la abogada Yolanda Álvarez, coautora de la ley contra el maltrato de animales vigente.
Los hechos en concreto es que desde el viernes hasta el lunes, el cuidado que recibieron los animales fue mínimo. Entre la veintena de animales, en su mayoría juveniles, que fallecieron se encontraban conejos, cerdos, pericos, guineas y gallos.
“Nosotros lo que queremos resaltar es que estas cosas no pueden pasar. Debe haber un trato más sensible a los animales”, dijo Jesús Santiago Malavet, abogado del agrocentro.
“En lugares como el embargado el viernes y en el que se encontraban animales, se instruyó a la persona encargada a que podría entrar a los predios a continuar su responsabilidad de alimentar los animales (bien no embargado)”, leen, por el otro lado, las declaraciones escritas sobre el caso circuladas ayer por el Departamento de Hacienda.
La intervención de Hacienda surge como parte de los operativos en contra de comercios que no han remitido todo el dinero que han recaudado por concepto del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU). El embargo comenzó el pasado viernes poco antes del mediodía.
Según la versión de Monge, inicialmente Hacienda señaló que daría acceso a unos empleados de la tienda para que pudieran atender a los animales que están ubicados, en su mayoría, en dos áreas separadas en los costados del Mega Agrocentro Los Colobos.
Una de estas áreas fue clausurada por Hacienda, al punto que se colocó un sello que, si era removido, conllevaba una multa de $10,000. En la otra zona del establecimiento donde había animales no se limitó el acceso.
Ante esta situación, Monge acudió primero a un cuartel de la Policía y luego, en horas de la noche, a la fiscalía de San Juan, que es la que se mantiene operando para atender urgencias. El asunto fue consultado por un juez que citó a las partes para el pasado lunes, día en que la controversia ya se había tornado académica puesto que Hacienda liberó la propiedad ante una declaración de quiebra del negocio.
Los intentos durante el sábado resultaron infructuosos. El domingo, sin embargo, personal de Hacienda abrió la parte clausurada del local y se pudieron atender los animales que habían sobrevivido hasta ese momento. No obstante, según Monge, los funcionarios de Hacienda, al irse, cambiaron el candado y se llevaron las llaves que daban acceso a esa parte de la estructura por lo que no pudieron atender nuevamente a las criaturas.
“No pudimos alimentarlos de nuevo el domingo y el lunes, cuando sacan el embargo, ya habían muerto otros animales”, dijo la mujer al señalar que la clausura limitó la ventilación del área y elevó la temperatura en el edificio.
Hacienda, sin embargo, en la comunicación escrita, manifestó que se instruyó al personal de seguridad destacado con el embargo a mantener las llaves de las instalaciones cerca para que le dieran acceso al personal para que atendiera los animales. “Aun así el personal de este comercio decidió no entrar a darles comida a los animales”, señala el comunicado.
Yesenia Fernández, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios, afirmó que, de confirmarse la situación descrita, debe verse el caso como uno de negligencia agravada contra animales.
“Nosotros lo que esperamos es que esto se investigue y que se lleve hasta las últimas consecuencias”, dijo Fernández.
Fuente: Nuevo Día de Puerto Rico
