*Claudia Hasbún Faila, CORE Región Metropolitana y Directora Nacional de la ANEF, reflexiona en la siguiente columna sobre la necesidad de incluir la preservación y cuidado medio ambiental como un principio constitucional, al igual que los derechos de los animales.
Hoy es fundamental garantizar como un derecho fundamental el cuidado y la preservación del medio ambiente en nuestra Constitución. Lo que implica establecer un modelo de desarrollo, económico y social que ponga por delante este derecho fundamental ante cualquier circunstancia o interés económico. En la práctica, revisar la actual institucionalidad ambiental, analizar sus últimas reformas y profundizar aún más el rol de fiscalización y supervigilancia que tiene al respecto. No solo obligando al pago de cuantiosas multas, si no también a establecer acciones eminentes mitigantes ante daños severos a nuestro ecosistema.
Asimismo, se requiere establecer un modelo económico y de desarrollo que impida la mercantilización desrregulada y la privatización de recursos naturales esenciales como el agua o estratégicos como el litio. En Chile, necesitamos un modelo que incentive, por medio de diversos mecanismos tributarios, la utilización de tecnología de última generación para la generación de energías limpias.
Los gobiernos nacionales, regionales y locales tienen el deber de desarrollar un sistema de planificación territorial, urbano y rural que priorice el cuidado del medio ambiente y el hábitat natural de la flora y fauna nativa de cada uno de los territorios. Uno que, al mismo tiempo, mejore la calidad de vida de las familias, teniendo en cuenta aspectos tan importantes como los tiempos de desplazamiento y los medios de transporte, sustentables y amigables con el medio ambiente.
Por todo lo anterior, el Estado tiene que destinar un porcentaje anual de su presupuesto al financiamiento de proyectos que permitan hacer investigación en estas materias, porque la inversión que hoy se hace en I+D es absolutamente insuficiente.
En lo referente a los animales, sin duda, la nueva Constitución debe declararlos sujetos de derecho, merecedores de un trato digno y humanitario y garantizar también un sistema de salud público veterinario, que permita cubrir las necesidades básicas de las mascotas que forman parte de nuestras familias.
