Por Luis Felipe Caneo M.
La mega reforma impulsada por el Gobierno permite la expansión de la industria salmonera en nuestros mares australes sin ningún contrapeso, acusan las agrupaciones medio ambientales. Se trata de un sector que históricamente ha presentado incumplimientos ambientales, y cuyos impactos sobre ecosistemas marinos se encuentran ampliamente documentados.
Durante la jornada de este miércoles, lel Senado deberá pronunciarse en torno al Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional (Boletín N°18.216-05). En este sentido, desde el mundo de la protección ambiental señalan que «aprobar la iniciativa será un gran retroceso para la protección del océano, la institucionalidad ambiental y los derechos humanos, entre ellos de participación y acceso a la justicia, que Chile se comprometió a proteger y promover cuando adhirió al Acuerdo de Escazú. En simple, este proyecto, tal y como está planteado, significa aumentar las brechas en materia de justicia ambiental y protección de ecosistemas, siendo especialmente preocupante la afectación al mar chileno», indican las entidades mediante una declaración pública.
Bajo este contexto, añaden las agrupaciones, «entre las modificaciones contra el medio ambiente, se encuentra la posibilidad de que el Estado deba pagar cuando un tribunal dictamine que un proyecto pierda su permiso ambiental por sus deficiencias e ilegalidades; que se reduciría el tiempo que las personas y las organizaciones tienen para presentar reclamaciones en caso de que haya habido ilegalidades en la evaluación ambiental; que se entregará discrecionalidad al Servicio de Evaluación Ambiental para descartar observaciones de otro servicios, ampliando la posibilidad de manipulación política de decisiones que debieran ser técnicas y, por último, que se limitaría el tiempo por el cual los tribunales ambientales pueden declarar medidas cautelares en casos de proyectos que impliquen un riesgo para el medio ambiente y/o la vida de las personas», indicaron.
Industria Salmonera, una de las grandes beneficiadas
En una jugada de último momento, la Comisión de Medio Ambiente del Senado, aprobó la propuesta del Gobierno, liderada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la cual bajo el concepto de “micro-relocalizaciones” permitirá a las concesiones acuícolas moverse 350 metros fuera del área autorizada para ir en búsqueda de lugares limpios y no saturados por el impacto de esta misma industria, como la contaminación del fondo marino y su biodiversidad, sin considerar que los salmones son especies introducidas y que, al producirse escapes, invaden el espacio de las especies locales.
Lo anterior, señalan, es problemático bajo todo sentido. «Este falso concepto de micro-relocalización dará carta blanca para contaminar nuevos ecosistemas sanos, lo que hoy está prohibido de acuerdo a la Ley 21.600 que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, SBAP. Lo anterior significa que las concesiones podrían moverse en el interior de un área protegida, aunque no cuenten con planes de manejo. Esto último implica que, además de que los impactos no serán evaluados, tampoco deberán respetar las reglas de uso de dichos territorios, que por su relevancia ecosistémica han sido declarados como áreas de especial valor para la conservación de la biodiversidad. Cabe destacar que el 79% de las concesiones que buscan relocalizarse fueron entregadas a perpetuidad, es decir, que no tienen límite de tiempo para operar gratuitamente en nuestro océano.», precisaron las organizaciones.
También cuestionan la medida, respecto a que no toma en cuenta las implicancias de lo propuesto. «Es necesario dimensionar que 350 metros en las condiciones en que se dan este tipo de proyectos en los fiordos y en aguas de nuestra Patagonia, pueden implicar variables totalmente distintas por la profundidad entre un lugar y otro; las corrientes presentes en los distintos espacios; la biodiversidad que en ellos habita; o la superposición entre las áreas de influencia (hasta dónde llega el impacto) de las diferentes jaulas, además de otras diversas variables. Hoy, con el beneplácito del Senado, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast está regalando nuestro mar a una industria con graves impactos ambientales -ampliamente documentados por la ciencia-, y con un conocido prontuario de incumplimientos a la ley ambiental, para que se expanda con impunidad», reclaman las ONGS.
Finalmente, las agrupaciones comentan que «facilitar el movimiento de las actuales concesiones salmoneras sin evaluación ambiental ni análisis técnicos correspondientes, como tampoco verificando si esa concesión cumple o no con la regulación vigente, solo se puede interpretar como una estrategia fríamente calculada para continuar con la privatización de los recursos naturales de nuestro país», concluyen las agrupaciones firmantes de la declaración correspondientes a Greenpeace, Oceana, Fundación Terram, Campaña Salvemos la Patagonia, Observatorio Ciudadano, ONG FIMA, Chile Sustentable, ONG Pesca Sustentable, ONG Ecosistemas, ONG Yaqu Pacha Chile – CECEM, Centro Ballena Azul, Fundación Centinela Patagonia, Fundación Lenga, Aisén Reserva de Vida, Uno Punto Cinco, Fundación Oceanósfera, Fundación Relaves y Fundación Basura.
