El proyecto de ley de tenencia responsable de animales de compañía (Boletín Nº 6499-119), comenzó a debatirse en el congreso el 05 de mayo del año 2009 por moción del senador Guido Girardi, quien buscaba generar políticas regulatorias en torno a los deberes y responsabilidades de aquellos que tuvieran mascotas, además de establecer el trabajo y compromiso que las municipales debían tener en estos temas.
Esto se debió principalmente a la gran fuerza que estas problemáticas han tomado en la agenda pública en los últimos años, en donde podemos ver a una población cada vez más consciente y comprometida a la hora de denunciar casos de maltrato animal, así como también el aumento en la participación activa a través de organizaciones de protección animal, entre otras.
Sin embargo, actualmente el proyecto se encuentra en comisión mixta, situación que enfrenta desde marzo de 2015 producto de las diferencias entre las cámaras de senadores y diputados en distintas materias (desacuerdos sobre cómo abordar legalmente el concepto de abandono, por ejemplo). En ese momento la gestión legislativa se congeló, dejando a una gran parte de la ciudadanía sin una norma que permita restringir y castigar el maltrato y descuido que se tiene en el país con las mascotas.
De esta manera se cumplen ya siete años en que se ha debatido ampliamente sobre el tema, pero que poco se ha logrado avanzar. De la misma manera, el proyecto a lo largo del tiempo ha ido cambiando, por lo que la propuesta que comenzó en el año 2009 podría haberse visto modificada. Pero concretamente ¿En qué consiste el proyecto de ley de tenencia responsable?
En sus inicios, uno de los puntos fuertes del proyecto de tenencia responsable fue aquel que hacía referencia al control de la población de animales en situación de calle. Para ello se entregaba a las municipalidades el deber de retirar los perros y gatos de la vía pública para su posterior entrega a organizaciones de protección animal, quienes se encargarían de rehabilitarlos y entregarlos en adopción.
Así lo afirma Florencia Trujillo, asesora legal de la organización Ecópolis y experta en la materia, quien aclara que las municipalidades cumplirían también un rol educacional, pues además de rescatar a los perros callejeros de sus respectivas comunas, también debían facilitar instancias de esterilización, fomentar la tenencia responsable y aplicar la ley en base a sus correspondientes ordenanzas y reglamentos.
Todo esto se financiaría con presupuestos que el ejecutivo designaría para cada municipio, pudiendo con ello aplicar los respectivos reglamentos. Sin embargo, esta situación se constituyó como uno de los primeros focos de conflicto del proyecto, pues no ha podido aun encontrarse un consenso sobre los montos monetarios necesarios para la implementación.
En el año 2010 se sumó además la polémica generada por el artículo que permitía a las municipalidades usar la eutanasia como mecanismo de control poblacional. Aquí se generó una fuerte crítica contra los responsables de la ley debido al perjuicio que esta medida significaba para el animal, por lo que luego de varios meses de manifestaciones el artículo finalmente fue retirado.
De la misma manera, Florencia agrega que la prohibición de la eutanasia fue extendida también a organismos gubernamentales como el Servicio agrícola y ganadero (SAG), y las autoridades sanitarias.
Sin embargo, al momento de pasar a su tramitación en la cámara de diputados, el proyecto fue poco a poco cambiando. Esta vez fue centrado en la discusión acerca de la tenencia y cuidado responsable, proponiendo para ello la creación de un registro universal que contemplaba la identificación del animal y de su cuidador, además de las organizaciones de protección animal.
Aquí, según afirma Carolina Leiva, Magister en derecho animal y sociedad de la universidad de Barcelona, y coordinadora legislativa de la bancada de parlamentarios por la dignidad animal en Chile, se proponía la instalación de chips en los animales con información necesaria para su identificación, datos que serían gestionados en un registro nacional.
Esto permitiría el rápido reconocimiento de quienes resultaran responsables del cuidado de cada animal, pudiendo con ello aplicar las medidas judiciales correspondientes. De esta manera se ampliaban a toda la población deberes que antes solo correspondían a tenedores de perros potencialmente peligrosos.
Florencia Trujillo a su vez señala que este apartado demanda un trabajo conjunto de los municipios con los servicios públicos, los cuales deben gestionar estos registros y velar por la correcta y efectiva aplicación de las sanciones mediante los juzgados de policía local.
Sería bajo estos conceptos que el proyecto llegaría a comisión mixta, entregando propuestas que si bien podrían significar un avance respecto de la materia, dejan aun un largo camino por recorrer en varios aspectos.
Tareas pendientes
Para que una ley entre en vigencia debe contar con ciertos reglamentos que aseguren su aplicación. Un ejemplo de esto son las ordenanzas municipales, un conjunto de normas que permiten defender los valores plasmados en la ley, todo mediante la aplicación de castigos y sanciones para quienes transgredan estos valores y principios.
Este proceso sin embargo, puede incluso meses, haciendo que la aplicación de su correspondiente ley se vea anulada por la falta de mecanismos que garanticen su funcionamiento.
Para Carolina Leiva esto es una de las principales preocupaciones, sobre todo en lo que respecta al actuar de las entidades aludidas en el proyecto. Por ejemplo, si bien por una parte se habla del rol que las municipalidades deberán cumplir una vez que se aplique la ley, no se establecen los mecanismos a seguir para alcanzar los objetivos que esta propone.
Lo mismo ocurre con el presupuesto. Si bien la ley determina en términos generales que se deben entregar dineros a los municipios para que estos puedan realizar su trabajo, no se establecen los montos ni los mecanismos a seguir para la entrega y distribución de las platas, y más importante aún, no se especifica quien y como administrará dichos fondos en las municipalidades.
Otro tema también pendiente es la discusión sobre el rol que las organizaciones de protección animal cumplen en esta tarea, pues aunque el proyecto estipule que seran las encargadas de reubicar a los animales rescatados de la calle, no se especifica si podrán seguir con su labor de manera normal, o si existirán nuevas normas que regularan su trabajo.
Florencia plantea que una de las propuestas que se manejan es la de crear un fondo concursable que permita reforzar su tarea. Esto permitirá que también puedan aportar en la generación de una tenencia responsable, además de potenciar trabajos de asesoría legal que muchas llevan a cabo.
Labor del gobierno
Según Florencia, dos factores serían los responsables del poco avance en el proyecto y de la falta de reglamentos en el mismo. Por un lado, existen aún grandes diferencias entre las cámara de diputados y senadores acerca de cómo abordar los distintos desafíos que la conformación de la ley presenta.
Un ejemplo de aquello es la creación del organigrama institucional que guiará los reglamentos asociados a la ley. Aquí, mientras que por un lado la cámara de diputados apuesta por delegar la dirección al ministerio de salud, desde la cámara del senado se propone la creación de un grupo de trabajo multisectorial, el cual le dé una mirada más integral a cada problemática abordada en el proyecto de ley.
Caso parecido es el la definición del abandono, discusión realmente necesaria, pero que debido a las disparidades presentes entre ambas cámaras, más ha logrado retrasar el proyecto que potenciarlo, todo producto de las constantes observaciones de las que ha sido objeto el proyecto en materias como esta.
El otro factor, y uno de los puntos más importantes dentro de la conformación de esta ley, es la completa inactividad que el poder ejecutivo ha tenido en los últimos años.
Florencia afirma que el poder ejecutivo es el único capaz de darle urgencia al proyecto de ley, pudiendo así reabrir su legislación mediante un llamado a la comisión mixta, además de sacarlo de su claustro en el congreso, pero no ha hecho ninguna de las dos. Esto se debería a que el gobierno tenía el compromiso de enviar indicaciones que permitían apoyar el trabajo municipal respecto de la aplicación de la ley, cosa que no se ha cumplido, paralizando el proyecto.
Esto también resulta perjudicial ya que, según Carolina, el largo tiempo que el proyecto lleva descansando en el senado lo ha desactualizado. Son siete años que se lleva trabajando y en los que la sociedad ha ido cambiando, por lo que muchos de los valores y principios que se defendían en un principio, pudieron ahora haber cambiado.
Sea cual sea el caso, la ciudadanía en general reclama la necesidad de una ley de tenencia responsable de mascotas, y la participación que ha tenido en la misma conformación de este proyecto así lo prueba. Se requiere una norma que se haga cargo de problemáticas que la actual legislación ha dejado de lado, tales como la sobrepoblación, el maltrato o el abandono, y que permitan además generar una conciencia y responsabilidad acerca del cuidado y el trato con nuestros animales, acción que sin lugar a dudas, demuestra nuestro bienestar como sociedad.
