18 de Junio 2019
Hace un par de años, luego de una denuncia de maltrato animal, un equipo de la BIDEMA de PDI acudió hasta un terreno en Lampa para decomisar 51 perros que, de acuerdo a los informes de la época, no se encontraban en condiciones óptimas. Con el pasar del tiempo, el Ministerio Público le dio la opción al denunciado de suspensión condicional y la denunciante, Arlette Bravo, hoy enfrenta una querella bajo la figura de depositario alzado por su presunta responsabilidad en cuanto a no saberse con exactitud el paradero de los canes decomisados.
De acuerdo a la investigación realizada por epanews.cl, el 27 de junio del año 2017, a eso de las 16:00 hrs, luego de una denuncia realizada por Arlette Bravo de la Fundación Rehabilitación Animal y Educacional (RAE Chile) , un equipo de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente (BIDEMA) de la PDI concurrió hasta el domicilio de Jesús Huiriqueo, situado en Lampa, lugar donde procedió a tomar detenido al propietario del terreno y decomisar los animales bajo la figura de maltrato animal. Todos los animales retirados de dicho lugar, según se precisa en la carpeta investigativa, quedaron a cargo de Yasna Arlette Bravo como depositaria provisional.
La investigación judicial contra Huiriqueo culminó con la suspensión condicional del proceso, donde se estableció la fijación de domicilio del imputado ante el Ministerio Público por el lapso de un año y el traspaso de los animales a la Fundación RAE.
El comienzo de la historia
Todo el proceso judicial se inició “por una denuncia de maltrato animal en contra de Don Jesús, él tenía una propiedad que arrendaba específicamente para tener perros. Él comenzó a recoger perros, desde muy temprana edad con sus papás, ellos eran los que recogían animales y como ellos fallecieron en épocas muy cercanas, al final se encargó de entre 8 a 10 perros que eran de la familia”, explicó la abogada Francisca Aglian, del estudio Providell & Abogados Asociados, en entrevista con EPA news.
Dado a que Jesús debió hacerse cargo de los animales recogidos por sus padres, arrendó un terreno amplio en la comuna de Lampa con el fin de albergar a sus animales. “Mucha gente supo que estaba a cargo de esos perros y comenzaron a tirarles muchos más, las mismas personas de Lampa y Colina comenzaron a dejarles perros a Don Jesús porque sabían que tenía un terreno, perros de todas las edades”, acotó Aglian al respecto.
Prontamente se iniciaron los problemas, puesto que, agrega la abogada, “mi cliente arrendó la propiedad a una persona que era candidato a concejal en Lampa, se lo arrendó a un precio muy módico. Al tiempo esta persona quizo recuperar su terreno, el individuo tenía contactos con la Municipalidad -eso lo supimos extraoficialmente- y a causa de aquello hizo las gestiones para que le cortaran a Don Jesús el suministro de recolección de basura. A esa altura ya Don Jesús tenía 51 perros, a causa de aquello comenzó a construirles caniles más grandes y ahí los dejaba cuando él no estaba”, comentó la abogada Francisca Aglian.
Jesús trabaja como guardia de seguridad, labor que le permitía costear los gastos que demandaban los perros que tenía a su cargo e incluso hacía, señala Aglian, doble turno en su trabajo para poder tener mayores recursos que destinaba, fundamentalmente, a los animales.
De un día para otro, dice la experta en derecho, “apareció Arlette Bravo con la Policía de Investigaciones y lo denunciaron por maltrato animal. Don Jesús había recurrido antes a la Municipalidad para la esterilización de las perritas y no le prestaron ayuda, en otra oportunidad acudió a otros animalistas y tampoco lo ayudaron”, indicó la defensora de quién fue acusado de maltrato animal.
Si bien Aglian reconoce que los animales no estaban en condiciones óptimas, acusa que con anterioridad el acusado pidió apoyo tanto a la Municipalidad como a rescatistas de la zona, sin obtener respuesta. Asimismo, recalca la no recolección de la basura que se generaba, de forma intencionada, desde la Municipalidad de Lampa.
También, argumenta la abogada Francisca Aglian, que “tras la denuncia, Don Jesús me pasó las boletas de los médicos veterinarios dónde iban sus perros. E incluso había un perro con problemas hepáticos, donde una persona de un local de La Vega declaró que mi cliente le compraba un alimento especial llamado Hepatic Can, es difícil que un maltratador haga eso”, señaló al respecto la profesional.
La querella y sus motivaciones
Según manifiesta la defensa de Jesús Huiriqueo, desde los primeros momentos de la investigación judicial existió la voluntad de asumir los costos relativos a los perros decomisados. Sin embargo, indican, siempre la querellada argumentaba que ella tenía los recursos para mantenerlos.
“Durante el proceso, se pide una audiencia para que el imputado asuma el costo del cuidado de los perros. Y Arlette Bravo, desde el comienzo del caso, comenzó a pedir dineros a través de las redes sociales para ellos, siendo que podía ir al tribunal y pedir plata para mantenerlos. También apareció en televisión en el programa Mucho Gusto de Megavisión, dando su cuenta rut para que le depositaran y le pidió al canal que fuera centro de acopio para comida: el vídeo está en Fiscalía y el canal se niega a ser centro de acopio, la Municipalidad dice que ellos van a ser centro de acopio”, precisó Aglian.
Junto con la temática de los recursos, otro foco de preocupación de la defensa del denunciado fue saber el estado y destino de los canes decomisados en el proceso judicial.
“Nosotros dudamos siempre de quién tenía a los perros y esa fue nuestra motivación del depositario alzado. Primero no podía pedir dinero para los perritos porque eso es lucro, segundo por la Ley de Tenencia Responsable las organizaciones que piden dinero deben contar con personalidad jurídica y tener una cuenta dónde se hagan los depósitos”, dijo la abogada en este sentido.
Cabe señalar que la querella presentada contra Arlette Bravo en el Juzgado de Garantía de Colina fue bajo la figura de depositario alzado, que está contemplado en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, en el grado de consumado.
“El tema está en una investigación desformalizada, es decir, no ha sido formalizada todavía, pero ha dado algunas luces importantes. Primero, fueron al domicilio de la depositaria efectivos de la PDI los cuales señalan que en el galpón dónde ella dice que tenía a los 51 perros, no hay rastros de que alguna vez hubiese habido perros allí, o sea nunca tuvo a los perros; segundo, se dice que se percibió $1.200.000 por los perros en donativos y frente a esa plata Arlette culpa a una persona, R.S, y a su vez ella culpa a Arlette y su hermana, al final esa plata no se sabe dónde fue destinada si ella no tenía a los perros”, indicó Aglian.
La preocupación de la defensa de Jesús es saber el destino de los canes y el estado de ellos. “El tema es que Arlette Bravo nunca tuvo ningún perro, las personas que fueron a declarar dan constancia de 10 perros y el tema es que no se sabe qué paso con los otros. No se sabe dónde están los perritos y Arlette está diciendo en redes sociales que el Tribunal le prohibió dar el paradero y mostrar fotos de los perritos, lo cual es una falta a la verdad, porque el sistema funciona así”, sentencia la abogada Francisca Aglian.
Al ser consultada Arlette por el paradero de los animales, da información confusa, además no da cuenta de la totalidad ni el estado de los animales que quedaron a su cuidado.
Tras publicada la nota, la denunciada, respondiendo los llamados efectuados por EPA news previamente, se contactó con nosotros. A pesar de que se le ofreció un espacio para plantear sus descargos, responsabilizó a otros de que algunos perros decomisados fueran entregados en adopción y, de paso, insultó a nuestro equipo.
En definitiva, un caso que todavía no escribe su capítulo final.
Producción: Osvaldo Duran C /Foto: Imagen referencial
