Un análisis de proyectos tramitados anteriormente permite dimensionar el alcance de los cambios impulsadaos por el Gobierno, modifica los umbrales de ingreso para iniciativas inmobiliarias, faenas de mediana minería y prospecciones.
El principal instrumento preventivo de la institucionalidad ambiental chilena, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), podría sufrir cambios relevantes, luego que el Gobierno sometiera a consulta pública una modificación a su reglamento para crear nuevas excepciones en la determinación de qué proyectos deben evaluarse ambientalmente antes de su aprobación. La consulta pública estará abierta hasta el viernes 11 de septiembre a las 23:59 hrs.
Con esto, un total de 624 proyectos inmobiliarios y al menos 26 iniciativas mineras podrían quedar eximidas de dar cuenta de sus posibles impactos.
“A nuestro entender, esta modificación reglamentaria aumenta el nivel de riesgo ambiental que el Estado está dispuesto a aceptar y traslada sus posibles consecuencias hacia las comunidades locales donde se desarrollan estos proyectos mineros e inmobiliarios. La justificación del Gobierno asume que las iniciativas que busca eximir no generarían impactos, pero la evidencia desmiente claramente esa premisa”, señaló Antonio Pulgar, abogado y coordinador de estudios en ONG FIMA.
Para Silvana Espinosa, experta en Clima y Ecosistemas de Greenpeace, la evaluación ambiental existe precisamente para anticipar los impactos antes de que ocurran y definir cómo prevenirlos o mitigarlos. “Aumentar el tamaño de los proyectos que pueden quedar fuera del SEIA significa reducir esa capacidad preventiva y arriesgarnos a conocer sus efectos sobre el agua, la biodiversidad, la salud o la calidad de vida de las comunidades cuando el daño sea mucho más difícil, o incluso imposible, de evitar”, afirmó.
Las cifras recientes, además, muestran que la evaluación ambiental no constituye una barrera general para el desarrollo de proyectos. Durante julio y agosto de 2026, el SEA calificó 59 iniciativas y aprobó 58, equivalentes al 98,3% del total.
Proyectos inmobiliarios en zonas saturadas
Actualmente, los proyectos inmobiliarios ubicados en zonas latentes o saturadas deben ingresar al SEIA si abarcan siete o más hectáreas o contemplan 300 o más viviendas. La propuesta crea una excepción para iniciativas que intervengan menos
de 14 hectáreas o consideren menos de 700 viviendas, siempre que cuenten con un programa de compensación de emisiones aprobado.
La revisión de las organizaciones ambientales identificó 624 proyectos que podrían acogerse a esta excepción. Entre ellos se encuentran 28 iniciativas en Estación Central, pese a sus posibles efectos acumulativos sobre la calidad del aire, la congestión, los servicios básicos y la infraestructura urbana.
Otro ejemplo es un proyecto en Rancagua, que contempla cerca de 698 viviendas en una zona saturada por material particulado. Con los nuevos criterios, quedaría fuera del SEIA por solo dos viviendas de diferencia respecto del límite propuesto.
“Un programa de compensación de emisiones no reemplaza la evaluación ambiental, ya que no necesariamente considera otros impactos ni el efecto acumulativo de varios proyectos desarrollados en una misma comuna o cuenca atmosférica”, comenta Antonio Pulgar.
“Umbral de ingreso para proyectos mineros aumentaría ocho veces”
La propuesta aumenta desde 5.000 hasta 40.000 toneladas mensuales la capacidad de extracción necesaria para que un proyecto de desarrollo minero ingrese al SEIA. Al menos 26 iniciativas evaluadas durante los últimos diez años se encontraban bajo el nuevo límite.
“Con los umbrales propuestos, una mina con capacidad para extraer 1.200 toneladas diarias y generar más de 10 millones de toneladas de relaves durante sus 20 años de vida útil podría quedar sin evaluación ambiental”, advirtió Henry Jurgens, de Fundación Relaves.
Jurgens agregó que “aumentar ocho veces el tamaño que debe tener una mina para ingresar al sistema representa un salto peligroso para nuestra legislación. Los relaves permanecen en el territorio y pueden afectar el agua, el suelo y a la población, por lo que este cambio no puede tomarse con liviandad. La evaluación resulta todavía más relevante tras la eliminación del permiso sectorial específico para relaves y ante las actuales deficiencias de fiscalización”.
También aumenta el número de plataformas requerido para evaluar las prospecciones mineras. Entre Arica y Parinacota y Coquimbo, el umbral subiría de
40 a 160 plataformas; desde Valparaíso hasta Magallanes, incluida la Región Metropolitana, aumentaría de 20 a 40.
El catastro identificó 26 prospecciones que quedarían fuera si se aplicaran las modificaciones propuestas al reglamento. Dieciséis se ubican en la Región de Atacama, marcada por la escasez hídrica y la presencia de salares, glaciares y ecosistemas altoandinos.
Entre los casos analizados aparece una campaña de sondajes vinculada al proyecto Vizcachitas, en Putaendo, emplazada en la cabecera de la cuenca del río Rocín, en un territorio afectado por la sequía y con presencia de glaciares rocosos y especies amenazadas.
Otro caso es el proyecto de sondajes El Alto, de la empresa Barrick Gold, que se instalará en las cercanías del proyecto clausurado Pascua Lama, y que se encuentra en fase de cierre luego de las sanciones aplicadas por la afectación a glaciares y cuerpos de agua.
La excepción de que estas iniciativas se sometan a evaluación ambiental, no elimina sus posibles impactos. Implica que estos dejarían de ser analizados de manera preventiva e integral, con menos información pública y menores oportunidades de participación para las comunidades que habitan los territorios intervenidos.
