Este martes 1 de septiembre, organizaciones ambientales, sociedades científicas, profesionales, académicos, centros de investigación y comunidades entregarán una carta dirigida a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, para exigir el reingreso de dos decretos ambientales retirados de la Contraloría General de la República que buscan fortalecer la protección de la población frente a la contaminación atmosférica.
La campaña es impulsada por el Colegio Médico de Chile, Chile Sustentable, ONG Uno Punto Cinco, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Greenpeace, la campaña Salvemos la Patagonia y ONG FIMA, entre otras organizaciones, que buscan una respuesta ante la falta de reingreso de estas regulaciones, cuyo retiro ya suma cinco meses.
Se trata de la Norma de emisión para centrales termoeléctricas a carbón DS Nº 8, 2025 y la Norma primaria de calidad del aire MP2,5 DS Nº3, 2026. Ambas regulaciones buscan reducir la exposición de la población a contaminantes asociados a enfermedades cardiovasculares, respiratorias y distintos tipos de cáncer.
El requerimiento ocurre luego de que, a comienzos de agosto, la Mesa Directiva Nacional y el Departamento Nacional de Medio Ambiente del Colegio Médico solicitaran formalmente a la ministra Toledo la reposición urgente de ambos decretos. La petición fue firmada por la presidenta nacional del gremio, Dra. Anamaría Arriagada, y el presidente del Departamento de Medio Ambiente, Dr. Yuri Carvajal.
Esta no fue la primera solicitud. El 5 de junio, la Mesa Directiva Nacional del gremio había enviado una carta al Ministerio de Salud solicitando su gestión para la reposición de ambos decretos. Posteriormente, junto con la solicitud dirigida al Ministerio del Medio Ambiente, se enviaron oficios a las presidencias del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, además de las comisiones de Salud de ambas cámaras, buscando respaldo a la petición.
Ambos decretos forman parte de los 43 que el Gobierno retiró desde la Contraloría General de la República el 12 de marzo. Desde entonces, no han vuelto a ingresar. Para el Colegio Médico, el problema no es solo administrativo, ya que ambas normas relacionadas con la calidad del aire ya presentaban un retraso en su actualización antes del retiro, de hasta 11 años, pese a que sus parámetros debieran revisarse cada cinco.
Una norma que podría evitar miles de muertes
La urgencia detrás de la solicitud se explica por el impacto que tiene la contaminación atmosférica sobre la salud. El MP2,5 corresponde a partículas de menos de 2,5 micrómetros de diámetro, capaces de recorrer todo el tracto respiratorio y atravesar los alvéolos pulmonares. Su exposición está asociada a enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, cáncer y mortalidad prematura.
De acuerdo con el Análisis General de Impacto Económico y Social (AGIES) del proyecto definitivo de la norma de MP2,5, elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente en agosto de 2025, el cumplimiento de los nuevos límites permitiría evitar 14.660 muertes prematuras por causas cardiopulmonares entre 2026 y 2035, equivalentes a aproximadamente 1.466 muertes evitadas cada año. A esto se sumarían 8.409 admisiones hospitalarias y más de 426 mil visitas a salas de emergencia por asma evitadas durante esos diez años.
En términos económicos, los beneficios alcanzarían los US$8.873 millones durante diez años, principalmente por la reducción de enfermedades y muertes prematuras asociadas a la contaminación. La contaminación por MP2,5 afecta especialmente a la zona centro-sur del país, por lo que las mayores ganancias en salud se concentrarían en regiones como la Metropolitana, Biobío y Maule.
La norma para centrales termoeléctricas a carbón también tendría efectos directos en salud. Según las estimaciones disponibles, su implementación permitiría evitar aproximadamente 104 hospitalizaciones y 116 muertes prematuras durante 15 años, además de generar beneficios económicos estimados en US$57,4 millones. La regulación busca reducir las emisiones provenientes de estas fuentes, que afectan de manera especialmente concentrada a comunidades ubicadas en zonas con alta presencia de actividad industrial.
Salud y medio ambiente, una misma discusión
Para las organizaciones que impulsan la carta, la situación adquiere especial relevancia considerando que las enfermedades cardiovasculares, respiratorias y el cáncer forman parte de las principales preocupaciones de salud pública del país. En ese sentido, plantean que avanzar en estándares de calidad del aire más exigentes resulta coherente con los propios objetivos sanitarios impulsados por el Gobierno.
“La protección de la calidad del aire no puede quedar en pausa, porque detrás de ambos decretos está la salud y el bienestar de las personas. Hoy contamos con evidencia, estándares y herramientas para avanzar hacia un aire más limpio. Lo que corresponde es que estas normas retomen su camino y sigamos fortaleciendo una protección ambiental que contribuya a construir un país más resiliente”, señaló Benjamín Carvajal, director ejecutivo de ONG Uno Punto Cinco.
La convocatoria continúa abierta a nuevas instituciones, colegios profesionales, universidades, centros de investigación en salud pública y organizaciones territoriales que quieran sumarse a esta demanda por el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. La carta puede ser firmada en el siguiente enlace.
