Luego de más de diez años de trabajo ciudadano, el conflicto por la minería de carbón en Isla Riesco llega a un momento que definirá su destino. Este miércoles, Mina Invierno -la mina a cielo abierto de carbón más grande de la historia de Chile- insistirá ante la Corte Suprema para obtener los permisos para utilizar explosivos en la explotación de este combustible fósil, a pesar de haber anunciado su cierre.
Así, en plena discusión sobre acelerar el proceso de descarbonización de la matriz energética de nuestro país, Mina Invierno junto al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) vuelven a embestir para obtener permisos para el uso de tronaduras en la explotación de carbón en Isla Riesco, con lo que se podría reactivar la mega explotación del carbón en la Patagonia.
En este contexto, Alerta Isla Riesco junto a la Alianza Carbón y la ciudadanía están lanzando una campaña que precisamente busca sensibilizar y potenciar el cuidado del medioambiente en este territorio. “Ha llegado un momento decisivo y final. Luego que Mina Invierno detuviera parcialmente la explotación del carbón, enviando sus enormes camiones tolva a una mina en Australia, de todas maneras persiste en que la Corte Suprema apruebe el uso de tronaduras. Así, este miércoles se dará el único alegato ante los jueces de la Corte, para llegar a una decisión final”, explica Ana Stipicic, vocera y unas de las fundadoras de la organización Alerta Isla Riesco.
Historia de defensa ciudadana
Cabe recordar que este conflicto por la explotación minera en Isla Riesco lleva más de una década de historia. El 2011 fue aprobado el primer yacimiento para extraer 6 millones de toneladas anuales de carbón, hasta lograr los 73 millones de toneladas, aprobadas por el Servicio de Evaluación Ambiental. “Esta es la primera de cinco minas que los grupos Angelini y Von Appen proyectaron realizar en Isla Riesco, la cuarta isla más grande de Chile, que alberga un patrimonio ambiental invaluable. De hecho, más de la mitad de Isla Riesco es Parque Nacional, debido a la riqueza y fragilidad de la biodiversidad que la habita”, relata Stipicic.
Sin embargo, a solo tres años de funcionamiento, los titulares indicaron que ya no era viable económicamente el uso de palas mecánicas, por lo que en el 2014 solicitaron a la autoridad ambiental la aprobación del uso de tronaduras. Desde ese momento hasta hoy, el proyecto ha sido rechazado en varias ocasiones, pese a distintas presiones. Una muestra de esta presión fue evidente cuando el proyecto fue incorporado en la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables de Sebastián Piñera, con el fin de que fuera declarado ambientalmente favorable. Finalmente, la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes y el Tribunal Ambiental de Valdivia rechazaron el uso de tronaduras, debido a los hallazgos paleobotánicos de relevancia presentes en el rajo de explotación minera.
“En el caso de que Mina Invierno lograra revertir el fallo del Tribunal Ambiental y la Corte Suprema aprobara las tronaduras, hay riesgos altísimos de que la minería del carbón se reactive, esto porque Mina Invierno tiene todos los permisos para operar y ha dicho que con tronaduras el proyecto sí es viable económicamente, o bien, porque podría vender el proyecto con todos los permisos vigentes, incluyendo el uso de tronaduras, a otro titular que esté interesado en la explotación del carbón, por esto es aún más relevante que se mantenga el rechazo al uso de explosivos”, enfatiza Stipicic.
Evidentemente es clave lo que sucederá en la Corte Suprema, que tiene la oportunidad de ponerle fin definitivamente al uso de explosivos en Isla Riesco. Los argumentos técnicos son robustos, y así lo ha indicado el Tribunal Ambiental. “El proyecto de incorporación de Tronaduras de Mina Invierno, no superó el examen del Tribunal Ambiental pues, como hemos sostenido desde siempre, su titular intentó eludir su obligación de estudiar detalladamente la línea de base y los impactos que produce su proyecto, a través de entregas de información parcial e incompleta y afirmaciones técnicamente erradas. Mina Invierno no aplicó la metodología de evaluación de impacto ambiental que le impone la Ley, por lo que su aprobación por parte del Director Ejecutivo constituye un privilegio injustificado”, indicó Diego Lillo, Coordinador de litigios de ONG FIMA, y abogado del caso.
“Desde la ciudadanía esperamos que el rechazo se mantenga, impulsando el inicio del fin de la industria del carbón en Chile y avanzando hacia un país con mayor justicia socio-ambiental”, finalizan desde la organización ciudadana Alerta Isla Riesco.
