La devastación en la Amazonía brasileña se agrava. Entre agosto de 2019 y julio de 2020, la deforestación en la selva amazónica aumentó un 9,5 % frente al periodo anterior y alcanzó su mayor nivel desde 2008.
Según se informó, la pérdida de cobertura vegetal en el bioma, que abarca alrededor de un 60% del territorio brasileño, llegó hasta los 11.088 kilómetros cuadrados en el último año, un área superior a la de países enteros como Líbano o Jamaica.
Los datos fueron divulgados hace algunos días por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) de Brasil, vinculado al Gobierno, a partir de imágenes por satélite y confirman la tendencia al alza de la deforestación en el ecosistema amazónico. La cifra, que es preliminar y solo se confirmará el próximo año, es superior a la registrada entre agosto de 2018 y julio de 2019, cuando llegó a los 10.129 kilómetros cuadrados, y la peor desde 2008 (12.911 kilómetros cuadrados).
El balance es además el primero bajo responsabilidad completa del Presidente Jair Bolsonaro, que asumió el poder el 1 de enero de 2019 y está siendo fuertemente presionado por su política ambiental, objeto de críticas por parte de ecologistas, importantes fondos de inversión, grandes empresas y algunos gobiernos europeos. El líder derechista, que defiende la explotación de los recursos naturales de la Amazonía, incluso en reservas indígenas, ya puso en duda el año pasado las estadísticas oficiales sobre deforestación.
Bajo este contexto, el vicepresidente brasileño, Hamilton Mourao, en su condición de jefe del Consejo Nacional de la Amazonía, reconoció ante los periodistas que no hay motivos para “celebrar nada”, pero señaló que los datos muestran que el “esfuerzo” del Ejecutivo “está dando sus frutos”. ONGs medioambientales interpretaron el resultado de manera diferente y afirmaron que refleja “un proyecto muy exitoso de aniquilación de la capacidad del Estado y de los órganos de fiscalización” para luchar contra el crimen en la Amazonía. La mitad de la deforestación ocurrió en un solo estado El estado de Pará, en el corazón de la Amazonía, respondió por el 46,8% de toda la superficie derribada. Le siguieron los estados de Mato Grosso (15,9 %) y Amazonas (13,7 %).
Mourao informó que el 45% de la deforestación ocurrió en propiedades y otro 30% en áreas públicas, “en tierras que no fueron entregadas a nadie” que ni son unidades de conservación, ni tierras indígenas, ni están en manos de particulares. “Ese es nuestro gran problema”, afirmó. “Vamos a proseguir con nuestro trabajo” hasta que “la deforestación sea apenas aquella dentro de nuestra legislación”, completó. Brasil se comprometió en el Acuerdo de París, que Bolsonaro amagó con abandonar, a dejar en cero la deforestación ilegal hasta 2030. El vicepresidente también admitió que este año “iniciaron tarde” los trabajos de combate a la criminalidad en la Amazonía, solo en mayo, pero que a partir de ese mes se ha empezado a observar, según él, una tendencia “decreciente”.
Fue a partir de mayo de este año cuando el Gobierno lanzó la operación “Verde Brasil II” coordinada por las Fuerzas Armadas para perseguir los crímenes medioambientales en el mayor bosque tropical del planeta. Unos 3.400 soldados del Ejército participan en el operativo que el Ejecutivo ha prolongado hasta abril de 2021, aunque ello no se ha traducido en un descenso drástico de los índices de destrucción.
Los incendios también aumentan en la Amazonía
La deforestación está estrechamente relacionada con los incendios en la Amazonía, que han vuelto a aumentar este año y hasta la fecha se habían contabilizado 99.586 focos, más que los 89.176 de todo 2019, cuando las imágenes de los frentes de fuego avanzando por la Amazonía dieron la vuelta al mundo.
La situación de este año se ha agravado además con una sequía severa en la región que ha favorecido la propagación de las llamas por las áreas previamente deforestadas. Diversos informes de organizaciones medioambientales identifican la deforestación y los incendios como parte de un proceso que tiene como punto final la utilización de tierras para la agropecuaria, sector que Bolsonaro quiere impulsar todavía más durante su mandato.
Los ecologistas condenan política de Bolsonaro
“Los números simplemente muestran que el plan de Jair Bolsonaro ha sido exitoso”, afirmó en una nota de tono irónico, el Observatorio del Clima, que engloba a 56 organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace y WWF. “Invasores de tierras, mineros, madereros ilegales y asesinos de indios, practicando sus crímenes, supieron interpretar las señales que vienen de la Presidencia y, de forma inédita, del Ministerio de Medioambiente”, completó el grupo ecologista.
De acuerdo con la entidad, el área desforestada en la Amazonía en el último año es en un 70% superior al promedio anual medido en la década anterior a la llegada de Bolsonaro a la Presidencia (6.500 kilómetros cuadrados por año). También citaron como factores agravantes, la paralización del cobro de multas ambientales, el despido y persecución de fiscales ambientales, la desobediencia a informes de alerta emitidos por los técnicos y el envío al Congreso de proyectos de ley para legalizar la minería y eliminar reservas indígenas.
Fuente: Efe