Hace algún tiempo se denunció un criadero ilegal que se encontraba camino a Melipilla, comuna de Maipú, donde los perros de diversas razas vivían en deplorables e indignantes condiciones. Un caso que fue investigado por el Ministerio Público y el cual culminó con una salida alternativa para los responsables de este nuevo caso de maltrato animal.
La propuesta del Ministerio Público era que los perros decomisados fueran entregados a instituciones ligadas al trabajo de infancia. Sin embargo, dicha medida fue rechazada por los querellantes del caso debido a que los animales deben llevar a cabo un proceso de re sociabilización paulatina.
“Pese a la desnutrición de los canes (especialmente los akitas y pastores belgas), a la enorme presencia de parásitos, enfermedades, hacinamiento, confinamiento y mantención insalubre (condiciones existentes al momento de la incautación), la fiscal a cargo, Claudia Herrera, llegó a un acuerdo con los imputados para lograr una salida alternativa bajo la condición de que los animales fuesen entregados a instituciones que trabajasen con la infancia, cuestión a la que nos opusimos terminantemente. Toda vez que en nuestra calidad de Depositarios Provisionales de los 37 perros (a nuestro cuidado desde el 20 de abril del presente año), sabíamos muy bien en qué condiciones se encontraban al momento de la incautación, hecho que consta en los informes de Bidema. Sería un total des criterio entregar, por ejemplo, los perros akitas (12) que han vivido encerrados en jaulas, en condiciones de maltrato animal, permanentemente confinados, para trabajar con niños”, explica Florencia Trujillo, consultora en derecho animal y parte del equipo querellante en la causa.
Los animales incautados fueron 37, quienes fueron reubicados en distintos lugares donde fueron tratados por equipos de especialistas y voluntarios día a día gracias a un esfuerzo mancomunados de organizaciones tales como PROANI, Ecopolis y Fundación Rima.
” Cada uno de los perros rescatados de ese infierno fue recuperado y rehabilitado, física y conductualmente, sin apoyo del Estado, y luego reubicado en un hogar adecuado. En realidad, se trata del inicio de un largo proceso de re-socialización, que recién comienza pero que permite la reubicación con personas adecuadas que continúan ese proceso. Aún cuando el tribunal nos hubiese ordenado devolver los perros a los imputados, no los hubiésemos entregado, y el día de la audiencia fuimos preparados para afrontar las consecuencias de esa decisión (de no devolver los animales)”, precisa Trujillo.
Si bien lo ideal, a juicio de la especialista, hubiese sido una condena de parte del Tribunal a los responsables del hecho, se logró sacar a los perros incautados de las redes de comercio y explotación animal.
“No logramos una sentencia pero tampoco entregamos a nuestros rescatados. Finalmente, el tribunal autorizó que todos los animales incautados se nos cedieran en propiedad, y así se hizo. Ninguna otra condición pidió la fiscal a los imputados, todos los gastos efectuados corrieron por nuestra cuenta. Con todo, hoy puedo decir que, además de esterilizados (por nosotros), los cachupines se encuentran fuera del comercio humano, en condiciones de bienestar, en hogares escogidos de acuerdo a los procesos de rehabilitación de cada uno, con la esperanza de que sus traumas puedan ser superados algún día”, concluye Florencia Trujillo.
