A un mes de la Ley 1774 de 2016 que penaliza el maltrato animal, siete personas han sido capturadas en el país por estos hechos. Por ser un delito que es excarcelable –la norma contempla una pena de entre 12 y 36 meses de prisión– logran a los pocos días su libertad, pero quedan vinculados al caso y se comprometen a pagar multas que van de los 3 a los 41 millones de pesos.
Según cifras de la Policía, el año pasado se registraron 5.370 casos por maltrato animal en el país. Santander es el departamento con más denuncias (1.198) y le sigue Bogotá con 1.099.
Defensores de animales califican como un avance importante el que se tipifique como delito el maltrato animal, pero cuestionan la falta de reglamentación y ‘vacíos’ que deja la ley.
Andrea Padilla Villarraga, vocera para Colombia de AnimaNaturalis, señala que en la norma no es claro cuál es el lugar adonde se llevarán a los animales maltratados. La ley dice que “se entregará en custodia a las entidades de protección animal” y que el cuidador estará en la obligación de garantizar los gastos de manutención y alimentación. “¿Qué pasa cuando el cuidador de la mascota es el mismo maltratador? Y si no pagan, entonces, ¿quién cubre sus gastos?, ¿cómo van a sostener a un animal que llega en unas condiciones lamentables?”, advierte.
A su juicio, deberían ser las entidades estatales las que se encarguen del cuidado de los animales y de gestionar recursos para que los centros garanticen el bienestar.
Padilla agrega que no hay claridad sobre qué tipo de conductas serán consideradas delito y cómo se va a valorar la gravedad de las conductas: “La ley habla de delitos contra la vida e integridad física y emocional de los animales, pero no se preguntan cómo se van a valorar estas conductas para establecer que efectivamente hay una vulneración de la integridad física y emocional de un animal. Un policía debe olvidar el prejuicio de que únicamente hay maltrato si hay sangre”.
Para esto, el médico veterinario Nelson Cárdenas propone impulsar una pericia forense de profesionales que sean entrenados para realizar patologías y valoración del estado de los animales maltratados. Estos informes servirán de base para que al fiscal del caso evalúe el daño físico y emocional causado.
“Lo más difícil es poner en funcionamiento la ley. Si alguien dice que su mascota ha sido maltratada, un médico veterinario podría dar fe a través de la evaluación del daño causado, y que no sea la palabra de uno contra la de otro”, indica. Sobre este tema, en la Universidad Nacional se implementó desde esta semana una cátedra sobre Medicina Veterinaria Legal y Ciencias Forenses.
Las quejas que llegan a AnimaNaturalis son en su mayoría porabandono, envenenamiento y animales atropellados. “Los casos de envenenamiento se registran por oleadas. Este mes se hallaron casos de salchichas con puntillas”, señala Padilla.
La semana pasada se denunció en el barrio Castilla, noroccidente de Medellín, el envenenamiento de 18 mascotas que, al parecer, ingirieron veneno para ratas.
En Itagüí, ocho perros murieron al consumir tocino envenenado. Los caninos presentaron el mismo cuadro clínico y en la zona se hallaron pedazos de tocino con un polvo blanco.
Frente al castigo o pena que se impone a los responsables de este delito, Padilla propone que sean sanciones pedagógicas en donde deban prestar servicio a la comunidad.
Marta Ciro, presidenta de la Asociación Defensora de Animales, advierte que desde 1989, en la Ley 84 de ese año, se le asignaba responsabilidad a los alcaldes y gobernadores para generar una política de protección animal y designar los refugios de bienestar. Sin embargo, señala, los alcaldes eluden su responsabilidad y desconocen la norma.
En Bogotá, por ejemplo, hasta ahora se implementa una casa ecológica de fauna y animales domésticos.
Ciro indica que a la Asociación Defensora de Animales llegan cerca de 40 y 50 quejas a la semana por maltrato.
Para Aníbal Vallejo, presidente de la Sociedad Protectora de Animales en Medellín, la ley debería contemplar el maltrato para todo tipo de animales, incluso aquellos que se usan para el consumo. “Se ha hecho mucho escándalo con los animales cercanos como el perro y el gato que conmueven a la comunidad, pero nunca se habla de los animales de abasto (bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caprinos, aves de corral conejos, animales de caza y pesca y otras especies), que son usados para la reproducción animal y el consumo”, indicó.
Siete capturas en un mes
Las primeras tres capturas se dieron en Villavicencio, Meta, el 10 de enero de este año en dos casos distintos. Víctor Alberto Agudelo, de 63 años, y Argenis Sogamoso García, de 55, tenían amarrado de las patas y del hocico a un perro criollo. El animal fue encontrado con heridas en su cuerpo, desnutrido y con signos de descuido.
El otro hombre investigado es Damián Reyes Balanta, de 18 años, quien fue descubierto, en una vía pública del barrio 13 de Mayo, en el nororiente de Villavicencio, golpeando con una silla de concreto a una iguana hasta amputarle la cola.
Lograron su libertad un día después de su captura y firmaron un acta de compromiso en la URI de la Fiscalía en la que se comprometen a asistir a todas las audiencias que se realicen por el delito contra la vida, la integridad física y emocional de los animales.
Seis días después, en el municipio de Zapatoca, Santander, se capturó a una pareja responsable de la muerte de un canino tras recibir fuertes golpes con un baston metálico. La pareja también quedó libre.
El tercer caso se registró el 21 de enero en La Ceja, Antioquia. Un joven de 18 años fue encontrado golpeando a un perro. El canino fue dado en custodia a un veterinario del municipio y luego llevado a un albergue municipal.
El último caso que reportó la Policía se dio al oriente de Pasto, Nariño, el pasado 27 de enero. Guiseppe López Vallejo, de 25 años, se encontraba maltratando a un perro de dos meses de nacido. El animal presentaba golpes en la parte frontal, nariz y orejas.
Fuente: El Tiempo de Colombia
