Por complicaciones para cumplir con el plazo original establecido, la compañía Cerro Bayo solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Aysén una prórroga de tres meses con el fin de responder a la treintena de observaciones que diversos servicios públicos hicieran a su proyecto para volver a operar la mina Javiera. La declaración de impacto ambiental (DIA) presentada en febrero de este año contempla la rehabilitación de los túneles abandonados de la faena, mediante la extracción de 580 mil metros cúbicos que serían depositados en la laguna Salitrosa, triplicando su caudal, aumentando su cota en 4,5 metros e inundando unas cinco hectáreas de superficie aledaña.
Actualmente las aguas interiores de la abandonada instalación de Chile Chico presentan “parámetros excedidos tales como boro, fluoruro, manganeso, molibdeno, sulfato, sodio”, según se consigna en la DIA, con posibilidad de que, según han alertado los propios pobladores, estos líquidos se encuentren contaminados “por aceites y petróleo de la antigua operación”, con el consiguiente riesgo de que el agua extraída escurra (o inunde) hacia el estero El Baño que fluye aledaño a Bahía Jara en su camino al lago General Carrera.
La mina Javiera se encuentra a menos de 10 kilómetros de la Delia 2, operación que se hizo ampliamente conocida luego que los mineros Enrique Ojeda y Jorge Sánchez quedaran atrapados en su interior producto del desagüe de la colindante laguna Verde. Hasta hoy sus cuerpos no han sido rescatados, generando diversas movilizaciones en la región por la decisión de la empresa y el gobierno de desistir en las tratativas por el elevado costo involucrado.
Problemas para responder
El 19 de julio, el gerente general de la Compañía Minera Cerro Bayo, Stuart O’Brien, ingresó una carta solicitando una prórroga para responder a las observaciones de los servicios públicos incluidas en Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA) del 12 de junio. Este documento dio a la empresa plazo hasta el 25 de julio para entregar sus respuestas.
“Debido a la coyuntura actual por la que atraviesa la compañía en estos momentos, solicitamos una extensión del plazo de 60 días adicionales, para responder adecuada y satisfactoriamente a las aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones a la Declaración de Impacto Ambiental, contenidas en el mencionado informe” fue el argumento entregado por O’Brien. La respuesta de la directora regional (S) del Servicio de Evaluación Ambiental, Marcela Bahamonde, tardó solo un día y fue positiva, fijando el 23 de octubre como nueva fecha.
La evaluación ambiental de este proyecto sigue adelante a pesar de los cuestionamientos por ubicarse en un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad y en un área de humedales. Esto, en circunstancias que el artículo 11 letra D) de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente obliga a la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (y no solo declaración) para toda actividad localizada en o próxima a “poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar”.
Más aún, según el Sistema Nacional de Información Ambiental el área es “un ecosistema frágil con poca representación en el sistema de protección, con presencia importante de especies en categorías de conservación”.
Información sobre la cual la Comisión de Evaluación Ambiental regional ha hecho, hasta ahora, caso omiso.
